
Human Rights Watch espera que Naciones Unidas dé seguimiento a un informe según el cual la detención de uigures y otros musulmanes por parte de China puede constituir crímenes contra la humanidad, afirmó el lunes su directora ejecutiva en funciones.
Tirana Hassan dijo que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, parecía comprometido a tomar medidas sobre el informe, que fue publicado en agosto por su predecesora, Michelle Bachelet, poco antes de que terminara su mandato de cuatro años.
“Nos gustaría ver que toma medidas para cumplir realmente ese compromiso”, dijo Hassan a periodistas.
El informe acusaba a China, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, de “detenciones arbitrarias y discriminatorias” en la provincia de Xinjiang, de mayoría musulmana, y recomendaba a Beijing que tomara medidas para liberar a todas las personas recluidas en centros de formación, detención o prisiones.
Sin embargo, no prosperó un intento liderado por Occidente de celebrar un debate sobre el trato de China a la población musulmana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según Hassan, el fracaso de la iniciativa no debe considerarse una derrota , ya que “estuvo a punto de aprobarse”.
“Hace unos años era impensable que el Consejo estuviera tan cerca”, afirmó. “La votación rompió esencialmente el tabú de que el Gobierno chino está más allá del escrutinio y el reproche”.
Grupos de derechos humanos acusan a Beijing de abusos frente los uigures, una minoría étnica mayoritariamente musulmana de unos 10 millones de personas en la región occidental de Xinjiang, incluido el uso masivo de trabajos forzados en campos de internamiento.
Estados Unidos ha acusado a China de genocidio. Beijing niega los abusos.

Sanciones a China
En diciembre, Estados Unidos sancionó a dos altos funcionarios chinos por “graves abusos contra los derechos humanos” en el Tíbet, incluidas presuntas torturas y asesinatos de prisioneros y esterilizaciones forzadas.
El Tesoro de Estados Unidos bloqueó cualquier activo en su territorio a Wu Yingjie, máxima autoridad china en el Tíbet entre 2016 y 2021, y Zhang Hongbo, jefe de la policía de China en la región del Himalaya desde 2018.
Wu dirigió la llamada política de “estabilidad” conducida por China en el Tíbet, que comprendió “graves abusos de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, abusos físicos, arrestos arbitrarios y detenciones masivas”, de acuerdo a un comunicado del Departamento del Tesoro.
“Durante el mandato de Wu hubo también casos de esterilización forzada, abortos bajo coacción, restricciones a las libertades religiosas y políticas y tortura de prisioneros”, agregó.
China gobierna esta región predominantemente budista desde 1951, cuando envió tropas en el marco de lo que llamó la “liberación pacífica” de ese territorio.
El líder espiritual de la región, el Dalai Lama, huyó en 1959 a India tras un levantamiento fallido.
Con información de Reuters
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