El régimen de China prepara una nueva ley de censura: controlará todos los comentarios de las redes sociales antes de que se publiquen

El organismo de control de Internet de China ha elaborado un borrador de ley con el que regular los servicios de redes sociales y las plataformas de vídeo para que revisen los comentarios escritos por los usuarios antes de que se publiquen, informa hoy el diario hongkonés South China Morning Post.

La nueva normativa exige que los administradores de las plataformas empleen un grupo de moderadores de contenido que “coincida con la escala de su servicio” y que mejoren la calidad profesional del personal responsable de revisar el contenido, según un documento publicado el viernes por la Administración del Ciberespacio de China (CAC, siglas en inglés).

Las reglas propuestas también especifican el castigo asociado con las infracciones: los operadores que no cumplan con la regulación enfrentan advertencias, multas y la suspensión de sus funciones de comentarios o incluso la totalidad del servicio.

Esta regulación endurecería las reglas existentes, implementadas por el Gobierno en 2017, que obligan a las empresas a revisar los comentarios de los usuarios en la sección de las noticias y estrechan el control sobre los medios con la imposición de editores jefes y redacciones aprobadas por las autoridades comunistas en todas las páginas web de información del país.

De acuerdo con las reglas existentes, el borrador estipula que los usuarios de las redes sociales deben registrarse con sus identidades reales antes de dejar comentarios.

También dice que a los usuarios que violen las reglas se les puede advertir, prohibir comentar, pedir que eliminen sus comentarios y suspender o desactivar su cuenta, en el afán de las autoridades del gigante asiático de controlar la información que le llega a sus ciudadanos.

Muchos internautas en China han reaccionado negativamente al nuevo borrador, particularmente en Weibo -el Twitter chino-, donde un usuario defendía que “el registro del nombre real es suficiente y no es necesario restringir demasiado [la libertad de] expresión”.

China es el país con más internautas del mundo (alrededor de 700 millones) pero a la vez uno de los que ejercen mayor control en los contenidos de la web, como muestra el hecho de que populares webs como Google, Facebook, Twitter o YouTube están bloqueadas en el país desde hace años.

El borrador, además, se suma a la orden de mayo pasado que obliga a los usuarios a mostrar su ubicación, lo que viene alterando las discusiones y haciendo que muchos desistan de participar en los foros.

La medida comenzó bajo el argumento de desbaratar campañas de desinformación presuntamente orquestadas desde el extranjero, en especial tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania, pero en la práctica resultó en una nueva herramienta de acoso contra los usuarios que critiquen al régimen. Las etiquetas de ubicación acompañan cada publicación que se realice en los foros masivos.

Entre sus primeros efectos, la medida virtualmente elimina las opiniones desde el extranjero: todos son tachados de espías o agentes de propaganda. Eso incluye a ciudadanos chinos que viven en otros países. Los estudiantes que están realizando algún curso en el extranjero han quedado virtualmente vetados de la discusión pública, ya que si escriben desde el exterior, su opinión es inmediatamente descartada.

Pero incluso también influye el debate entre residentes. Según explica el New York Times, los usuarios de Shanghái, que sufrieron un reciente cierre estricto por un brote de COVID, son calificados de egoístas cuando lamentan la escasez de alimentos. A su vez, los usuarios que critican al gobierno desde provincias costeras cercanas a Taiwán y Hong Kong han sido llamadas separatistas y estafadores.

Y no alcanza con descalificar las opiniones. Los trolls e influencers nacionalistas acosan a estos usuarios o denuncian sus cuentas únicamente por haber opinado contra el gobierno desde alguna ubicación incómoda. Algunos perfiles son eliminados por la cantidad de denuncias que reciben por “violar las normas comunitarias”.

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