Aumenta la presión internacional sobre el régimen chino. Más de 300 ONG instaron el miércoles a la ONU a establecer un mecanismo para investigar las violaciones de los derechos humanos en China y pidieron a los más altos niveles de la organización “que actúen con decisión”, semanas después que dos asociaciones de la minoría perseguida de los uigures presentara ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra los líderes chinos por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
En una carta abierta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a los estados miembros, estas organizaciones se basan en una iniciativa de 50 expertos de la ONU que habían reclamado a finales de junio “medidas decisivas para proteger las libertades fundamentales en China”.
Denuncian asimismo “las violaciones masivas de los derechos humanos que comete China en Hong Kong, Tibet y Xinjiang, la supresión de informaciones en el contexto de la pandemia de covid-19, así como los ataques contra defensores de los derechos, periodistas, abogados y detractores del gobierno en todo el país”.
Estas ONG, originarias de más de 60 países, también acusan a China de atacar a los defensores de los derechos humanos en el extranjero, reprimir la libertad intelectual fuera de China y censurar internet.
En Beijing, un portavoz del misterio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, declaró el miércoles que “las acusaciones de estas organizaciones no tenían fundamento y merecían ser refutadas”.
En el texto, las ONG también denuncian lo que ven como un intento de China de silenciar “iniciativas que buscan examinar de cerca las graves violaciones de los derechos y los crímenes internacionales cometidos en países de todo el mundo”, acusando a Beijing de “desvirtuar el mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.
Por lo tanto, reclaman toda una serie de medidas concretas en los foros de la ONU --sesión especial del Consejo de Derechos Humanos, nombramiento de un enviado especial-- y también piden a Michelle Bachelet que cumpla su mandato independiente supervisando las violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por China y publicando informes al respecto.
Mientras que las críticas a la violación de los derechos humanos en China se han multiplicado, Beijing, que dispone de uno de los cinco puestos permanentes en el Consejo de Seguridad, no ha dejado de ampliar su influencia en los últimos años en el seno de la ONU.
Los uigures denuncian a China ante la Corte Penal Internacional
Una de las cuestiones más candentes es la persecución contra la minoría musulmana de los uigures en la región de Xinjiang, en medio de graves acusaciones que apuntan a atrocidades masivas, como esterilizaciones forzadas, genocidio o crímenes de lesa humanidad.
Pese a las denuncias, la comunidad internacional ha hecho poco para garantizar que las presuntas atrocidades sean investigadas y los perpetradores comparecen ante la justicia.
Debido a esta inacción, el 6 de julio de 2020, los abogados del Gobierno de Turkestán Oriental en el Exilio (ETGE) y el Movimiento del Despertar Nacional de Turkestán Oriental (ETNAM), dos organizaciones de uigures, presentaron una comunicación a la Oficina del Fiscal (OTP) en la Corte Penal Internacional (CPI) solicitando que se abra una investigación contra altos líderes chinos por genocidio y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos contra esta minoría y otras comunidades.
Es la primera vez que miembros de esta minoría han intentado utilizar el derecho internacional para responsabilizar a Beijing por su persecución. Sin embargo la demanda tiene varios desafíos legales, que tienen que ver principalmente con el hecho que China no forma parte de la Corte Penal Internacional, por lo que el tribunal no tiene jurisdicción sobre las violaciones cometidas en ese territorio.
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