Las muertes que nadie puede explicar en España: crecieron mucho más que las atribuidas al coronavirus

Una comparación sobre la cantidad de decesos habituales de otros años con las de 2020 muestra una diferencia muy superior a las casi 22.524 que fueron oficialmente causadas por el Covid-19

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Miembros del servicio de emergencias de Madrid (SUMMA) trasladan a un paciente de coronavirus (REUTERS/Sergio Perez)
Miembros del servicio de emergencias de Madrid (SUMMA) trasladan a un paciente de coronavirus (REUTERS/Sergio Perez)

La cifra total de muertos por coronavirus en España está en discusión. El Ministerio de Sanidad reportó 367 víctimas fatales en las últimas 24 horas y el total oficial ahora asciende a 22.524. Sin embargo, hay muchas dudas al respecto porque ese número no cubre el exceso de defunciones durante la pandemia.

Entre el 16 de marzo y el 21 de abril hubo alrededor de 27.500 fallecimientos más que los corrientes entre esas fechas. En este periodo, 21.645 de las muertes están atribuidas al coronavirus. Entonces, hay un exceso de al menos 5.000 muertes que otros años no se producen pero que no están atribuidas al Covid-19.

Un artículo del periódico español ABC brinda más datos al respecto. El diario consigna, en base a informaciones oficiales, que en España, entre el 16 de marzo y el 21 de abril de 2020, murieron 68.666 personas de todas las causas. Lo común es que entre estas dos fechas hubieran muerto unas 41.076 personas. Entonces hubo un 67% de muertes más de las esperadas.

Un dato importante es que el Ministerio de Sanidad solo reconoce en sus estadísticas las muertes confirmadas con positivo por coronavirus. Entonces, quedan afuera las personas con causas compatibles por coronavirus a quienes nunca se les realizó el test.

Sin embargo, en todas las comunidades autónomas el número de muertes está muy por encima del habitual, y no siempre ese exceso de mortalidad está cubierto por las cifras oficiales del coronavirus.

La situación de Madrid

El mismo diario detalla que en la Comunidad de Madrid, entre el 16 de marzo y el 21 de abril, hubo 13.138 muertes, 8.691 más de las habituales en ese periodo. De todas las defunciones en esas fechas, 7.364 están atribuidas oficialmente al coronavirus. Hay, por tanto, un desfase de 1.597 muertes que un año sin pandemia no se habrían producido pero que oficialmente quedan ajenas a la estadística del Covid-19 de Sanidad.

Esta es la región del país con un porcentaje mayor de muertes por encima de lo habitual en ese periodo, un 215% más, seguida de Castilla-La Mancha, (200% más), Castilla y León (141% más) y Navarra (105% más). En el lado opuesto están Canarias (8% más), Murcia (9% más), Andalucía (13% más) y Galicia (15% más).

Personal médico se acondiciona para atender a pacientes con coronavirus (REUTERS/Sergio Pérez)
Personal médico se acondiciona para atender a pacientes con coronavirus (REUTERS/Sergio Pérez)

Los sanitarios españoles se querellan contra el Gobierno por su gestión

El Gobierno español concretará este viernes los detalles de una nueva prórroga de 15 días del estado de alarma, hasta el 10 de mayo, para consolidar la contención de la COVID-19, mientras se suceden las denuncias penales de organizaciones profesionales sanitarias que lo acusan de negligencia en la gestión de la crisis.

España cumple mañana seis semanas de restricciones drásticas del movimiento de la población y limitaciones de actividades comerciales, educativas, culturales, deportivas y de ocio, impuestas por el Ejecutivo desde el 14 de marzo para frenar el contagio y prevenir un colapso del sistema de salud.

El sector del personal sanitario, muy afectado por los contagios, es especialmente crítico con la actuación de las autoridades políticas y decidió llevar a los tribunales al Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez, por cuestiones como la falta de material de protección suficiente y la distribución de una partida de mascarillas de baja calidad, que luego fueron retiradas.

El Consejo General de Enfermería (CGE) presentó una querella en el Tribunal Supremo contra Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores, que se une a otras denuncias contra autoridades sanitarias regionales y provinciales.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) anunció otra querella contra Illa por “presunta actuación negligente” al haber distribuido mascarillas defectuosas entre el personal sanitario, lo que puso “en grave riesgo” la salud de estos trabajadores.

La CESM reclamó que el Gobierno se replanteé “la práctica totalidad de la gestión” de la crisis de la epidemia.

En un comunicado conjunto, los profesionales sanitarios mostraron el jueves su “indignación” por esas mascarillas defectuosas y exigieron que todos sean sometidos al test de coronavirus, así como toda la población posible.

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