Cómo las empresas de China que invierten en el mundo están obligadas a espiar y robar para el régimen

Su Bin -48 años- consiguió un visado para vivir y trabajar en Vancouver, Canadá. Nació en Beijing, China, en el núcleo de una familia con pasado militar. Su padre era oficial del Ejército Rojo. De la noche a la mañana Su se convirtió en un empresario multimillonario de la industria aeroespacial. Incluso, en 2012, el hombre de negocios apareció en un artículo del diario The Wall Street Journal, explicando el secreto de su éxito. Secreto que se conocería poco después.

En Canadá adquirió una firma de 80 empleados dedicada a su actividad. Se presentaba como un empresario llano, interesado en invertir en el país que lo había acogido, pero en el cual pasaba, extrañamente, poco tiempo. Llamó a su nuevo emprendimiento Lode-Tech. Compró una mansión de 2 millones de dólares en Richmond, British Columbia con su esposa y sus dos hijos, ambos nacidos en el país. Una familia ejemplar. Era un inversor más. ¿Lo era?

En absoluto. Su verdadera actividad se inició tiempo después de haberse instalado para no despertar sospechas de ningún tipo. En 2009 -de acuerdo a los registros hallados por agentes federales de los Estados Unidos y Canadá- comenzó a movilizar a sus inquietos hackers instalados detrás de un monitor en Beijing. Objetivo: infiltrarse en los ordenadores y archivos de las grandes compañías aeroespaciales de las potencias norteamericanas y robar sus secretos para el régimen chino.

En la jerga de los servicios secretos, Su Bin era un spotter, es decir, una persona dedicada a preparar los blancos adecuados para que sean atacados por otro estado. En este caso, sus atacantes eran hackers instalados en la capital china.

Cuando fue descubierto -cinco años después de iniciada su actividad ilegal, en 2014-, las agencias de seguridad canadiense y norteamericana comenzaron un proceso judicial y el empresario chino terminó tras las rejas. Había robado un total de 630 mil archivos, un equivalente a 65 GB de información provenientes de material sensible de Boeing, de acuerdo a la revista Wired.

Él sólo. Con apenas dos hackers más.

Pero la historia de Su Bin representa tan solo un mínimo ejemplo de cómo miles de empresas pequeñas y cientos de las gigantes actúan en los países en los cuales desembarcan. Espionaje para el régimen, para Partido Comunista, hackeos y robo de material sensible a todo nivel industrial y militar.

En junio pasado, también en Canadá, las alarmas volvieron a sonar. Esta vez por un gigante tecnológico conocido en todo el mundo: Huawei. El gobierno de Justin Trudeau fue advertido por la expansiva presencia de esa compañía en su país. Es que la empresa de smartphones ha desembarcado en tierra canadiense para desarrollar su central de tecnología móvil del futuro.

De acuerdo a una investigación hecha por el diario canadiense The Globe and Mail, Huawei representa una de las mayores amenazas de ciberinteligencia de la actualidad. Y varias instituciones del país le están facilitando las herramientas para que controle la próxima generación tecnológica: 5G. Universidades, compañías telefónicas y hasta dependencias gubernamentales están ayudando al gigante chino a nutrirse del conocimiento local y lo exporta automáticamente a su sede central en Shenzhen, China.

Pero no es el único país que desconfía de esa empresa. Huawei está en la mira de los Estados Unidos. A tal nivel que prácticamente está fuera del mercado estadounidense. Australia está considerando impedir que la firma china suministre equipos para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones 5G, una movida que frustraría aún más su ambición de ser el líder mundial en esta tecnología.

De contar con esta posibilidad, el régimen comandado por Xi Jinping tendría el acceso a los datos de miles de millones de personas alrededor del mundo. Sus teléfonos celulares podrían servir para espiar cada acción y conocer cada detalle de nuestras vidas. La centralización de esta tecnología podría ser clave. Y tras ello están los jerarcas chinos.

Pero también hay otro punto sensible que está en juego. Es el que se disputa en las universidades de primer nivel en todo el mundo que cuentan cada vez más con mayor presencia de profesores chinos. Muchos de ellos, por su rango de investigadores, participan de proyectos empresarios y tienen acceso a tecnología novedosa en desarrollo.

Tal fue el caso de Ishiang Shih de la prestigiosa Universidad McGill de Montreal, también en Canadá. Este docente, haciendo uso de su posición como investigador, consiguió acceso a información ultrasecreta relativa a radares militares, transmisores para interferir señales y codificadores. No lo hizo en soledad, sino con la ayuda de su hermano, Yi-Chi Shih, quien a su vez lo exportó a una empresa china llamada Chengdu GaStone Technology Company, radicada en la capital de la provincia de Sichuan. La firma forma parte de una lista negra internacional por el robo de productos y tecnologías para uso no autorizado en China.

La clave no radica en la buena voluntad o no de Huawei o cualquier otra empresa china que busque nuevas tierras para operar y expandirse a fuerza de dólares. En absoluto. La esencia radica en las leyes chinas, centralizadas en el Partido Comunista y en el régimen comandado por Xi Jinping.

Las compañías deben responder al gobernante Partido Comunista. Y ese mandato está plasmado en letras imborrables. El artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017 dice que las compañías chinas deben "apoyar, cooperar y colaborar en el trabajo de inteligencia nacional, y guardar el secreto del trabajo de inteligencia nacional del que tienen conocimiento".

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