
La última vez que DanielOrtegaentregó la presidencia de Nicaragua fue el 25 de abril de 1990, cuando cedió el poder a Violeta Barrios de Chamorro tras perder las elecciones generales, un resultado que abrió el primer relevo en la jefatura del Estado nicaragüense desde el triunfo sandinista y dio paso a un gobierno condicionado por la crisis económica, la guerra y una transición pactada.
El dato central de aquella derrota fue la magnitud del resultado electoral. El 25 de febrero de 1990, la coalición Unión Nacional Opositora, encabezada por Chamorro, ganó con el 54% de los votos, equivalentes a 777.522 sufragios, mientras el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo el 40%, con 579.886 votos.
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El Consejo Supremo Electoral anunció esos resultados en la madrugada del 26 de febrero. El Movimiento de Unidad Revolucionaria alcanzó el 1,10%, con 16.751 votos, y el resto de los partidos sumó 1,9%, es decir, 28.816.
La victoria de Violeta Barrios de Chamorro rompió todos los pronósticos previos
Casi todas las encuestas anticipaban una victoria del FSLN con más de la mitad de los votos. La única medición que acertó el desenlace, según el Barcelona Centre for International Affairs, fue una encuesta dirigida por un sociólogo que incorporó una modalidad técnica diseñada para detectar el “voto oculto” de sandinistas dispuestos a apoyar a la UNO con la expectativa de alcanzar la paz.
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La pregunta decisiva se formuló con una urna similar a la que se usaría en la elección, para reproducir las condiciones de secreto del voto. Ese mecanismo permitió registrar esa intención reservada y proyectó correctamente el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro.
Chamorro asumió la presidencia como la primera mujer elegida para ese cargo en el continente americano. Su mandato de siete años transcurrió en medio de fuertes tensiones políticas y de una situación económica y social marcada por una década de bloqueo comercial de Estados Unidos, los efectos de la guerra civil y los fracasos de la gestión sandinista previa.
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En 1990, el deterioro era extremo: la recesión acumulada desde 1984 había consumido una quinta parte del PIB, las importaciones duplicaban a las exportaciones, la deuda externa triplicaba el valor de la producción nacional y la inflación anual todavía se ubicó en 3,000%.
El traspaso quedó condicionado por un pacto con Ortega y por el conflicto con el sandinismo
Un mes antes de la toma de posesión, el 27 de marzo de 1990, Chamorro y Ortega firmaron un Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo. Ese acuerdo estableció un consenso mínimo sobre puntos políticos y jurídicos para asegurar cierto nivel de gobernabilidad en el inicio del nuevo gobierno.
La primera fricción con los sandinistas apareció el 10 de mayo, cuando los diputados de la UNO aprobaron una ley de amnistía para los exguardias somocistas que seguían encarcelados. Ese episodio anticipó las disputas que atravesarían la relación entre la nueva presidenta y el aparato político y sindical que el sandinismo conservaba.
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En una primera etapa, Chamorro revirtió parte de las medidas del gobierno anterior, entre ellas la reforma agraria, la estatalización de empresas y la subvención de servicios públicos. También aplicó un paquete liberal de austeridad conocido como Plan de los 100 Días o Plan Mayorga, en alusión al ministro de Finanzas Francisco Mayorga.
La reacción sandinista fue lo bastante fuerte como para forzar la retirada de buena parte de esas decisiones. El movimiento mantenía capacidad de movilización popular y control de los sindicatos, y ese retroceso dejó a la presidenta enfrentada a los sectores más conservadores de la UNO.
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En 2018, Chamorro sufrió un accidente cerebrovascular. El 14 de junio de 2025 murió en San José, donde la familia Chamorro vivía desde 2023 en condición de destierro y exilio, acompañada por sus hijos, a los 95 años.
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