La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, citó a Carles Puigdemont y a 13 ex consejeros del Govern para comparecer como investigados (imputados) por rebelión y sedición. Deberán presentarse los días 2 y 3 de noviembre a las 9.
Además, les impuso la fianza de 6,2 millones de euros que pide la fiscalía, que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan la fianza.
La jueza adoptó esta decisión en un auto en el que se declara competente para investigar la querella presentada este lunes por la la Fiscalía General del Estado contra Puigdemont y sus ex consejeros regionales.
Según el Código Penal español, los jefes de la rebelión pueden enfrentar penas de entre 15 y 25 años de prisión y por sedición, y pueden sumar de cuatro a ocho años.
Lamela se hizo cargo de la querella presentada por la Fiscalía por conexión con la causa que tiene abierta por sedición, en la que investiga al ex jefe de la Policía autonómica catalana Josep Lluís Trapero, a la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, y a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Estos dos últimos están en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, mientras que Trapero y Laplana están en libertad pero con medidas cautelares, como comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijar domicilio y teléfono para estar localizables.
Puigdemont deberá regresar de Bélgica para presentarse ante la Justicia española. Hoy, desde Bruselas, dijo que no tenía pensado solicitar asilo, pero reveló, sin embargo, que no tiene pensado volver en lo inmediato. Su declaración fue previa a la decisión de la Justicia española, por lo que ahora se espera un nuevo anuncio sobre si acatará o no la citación.
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