
Acosado por los recurrentes escándalos de corrupción protagonizados por dirigentes del gobierno y del Partido Comunista Chino (PCC) que se filtraban a la prensa internacional, el presidente Xi Jinping lanzó en 2012 una "guerra contra la corrupción". Prometió que caerían por igual "tigres y moscas", es decir, tanto altos dirigentes del Comité Central del partido y del régimen, como oficiales menores.
Un informe presentado esta semana por al ONG Human Rights Watch (HRW) asegura que desde entonces fueron castigados 140 "tigres" y miles de "moscas". Pero esos castigos no corrieron por cuenta de la justicia convencional. El Comité Central de Inspecciones Disciplinarias (CCID) del PCC, que lleva adelante la campaña, creó un sistema inspirado en el medioevo, el Shuanggui.
Este régimen especial habilita al CCID a citar, interrogar y apresar por tiempo indefinido a cualquiera de los 88 millones de miembros del partido. Los interrogatorios, que según HRW incluyen las formas de tortura más atroces y variadas, buscan un único objetivo: la confesión. Sólo entonces el CCID envía a las manzanas podridas a la justicia ordinaria, que procede a condenar con las evidencias recogidas mediante el Shuanggui.
"El sistema no sólo facilita los abusos sobre los derechos humanos. Depende de ellos", asegura el informe de la ONG.
Los acusados son a menudo secuestrados y pasan un tiempo desaparecidos. Sus familias no reciben ningún tipo de respuesta de las autoridades en ese período. Suelen ser alojados en celdas de confinamiento situadas en campos de entrenamiento del PCC. Obviamente, mientras duran los interrogatorios no tienen ningún derecho a la defensa.
Algunos ex funcionarios que pasaron por el Shuanggui contaron a HRW que sufrían todo tipo de vejámenes. Recibían golpizas, no los dejaban dormir por semanas y los hacían permanecer días enteros parados o en posiciones incómodas. El objetivo era hacer colapsar sus mentes a fin de que confiesen cualquier delito de corrupción.
Esas declaraciones, que no tendrían ningún valor en cualquier sistema judicial moderno, eran luego tomadas como prueba cuando pasaban a la justicia ordinaria. Algunos contaron que si intentaban retractarse o argumentar que sólo habían dicho esas cosas para salvarse de la tortura, los fiscales y jueces los amenazaban con regresarlos al Shuanggui.
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