La Procuraduría sancionó a varios funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio por extralimitarse en una visita a la Registraduría en marzo de 2024, según información publicada por Semana. La decisión disciplinaria revive una de las controversias institucionales más discutidas.
El ente de control concluyó que los funcionarios accedieron y extrajeron información de equipos institucionales y dispositivos personales sin relación con el objeto de la inspección, de acuerdo con ese medio de comunicación. Esto derivó en sanciones de distinta gravedad.
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Entre las irregularidades señaladas está la obtención de copias forenses y respaldos de información de varios funcionarios de la Registraduría. La actuación fue calificada como una falta disciplinaria.
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Hallazgos de la Procuraduría
El Ministerio Público determinó que durante la visita realizada entre el 12 y 13 de marzo de 2024 se llevaron a cabo procedimientos que excedieron el alcance de la inspección.
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Según lo indicado, los funcionarios de la SIC solicitaron, accedieron y extrajeron información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos.
Esta información no tenía relación directa con el objeto de la diligencia, lo que motivó la apertura del proceso disciplinario.
Entre los procedimientos señalados se encuentra la extracción de “espejos forenses” y copias de seguridad de datos.
Estas acciones involucraron a funcionarios de la Registraduría en áreas administrativas y operativas.
Sanciones impuestas
La Procuraduría estableció responsabilidades disciplinarias para varios funcionarios involucrados en los hechos.
Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia, fue sancionado por una falta grave a título de dolo.
Como resultado, fue suspendido del cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por 12 meses.
Asimismo, otros funcionarios recibieron sanciones similares.
Mario Alejandro Franco Vanegas fue suspendido del cargo e inhabilitado por nueve meses.
Igual sanción se impuso a Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso.
Además, se determinó una inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años para varios funcionarios vinculados al proceso.
Alcance de las irregularidades
La decisión del Ministerio Público se basa en que las actuaciones realizadas durante la inspección no guardaban relación con el propósito de la visita.
El acceso a información personal y laboral de los funcionarios de la Registraduría fue considerado un exceso en el ejercicio de las funciones.
Este tipo de procedimientos, según el análisis disciplinario, vulnera los límites legales establecidos para las inspecciones administrativas.
La Procuraduría concluyó que los funcionarios actuaron sin la debida justificación en el manejo de la información.
Defensa de la Superintendencia
En su momento, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, defendió la actuación de la entidad.
“Ratificamos que el ejercicio de nuestras funciones siempre ha estado fundado en el marco legal y constitucional”, afirmó, citado por ese medio de comunicación.
También sostuvo que este tipo de diligencias hacen parte del cumplimiento de las funciones institucionales.
La funcionaria aseguró que las actuaciones buscan proteger el interés general de los ciudadanos.
Un caso que reabre el debate institucional
La decisión de la Procuraduría vuelve a poner en discusión los límites de las entidades en procesos de inspección.
El caso refleja tensiones entre organismos del Estado y el uso de facultades administrativas en escenarios sensibles.
Además, evidencia la importancia de garantizar que las actuaciones de control se ajusten estrictamente a la ley.
El episodio también plantea interrogantes sobre la protección de la información institucional y personal en entidades públicas.
Finalmente, la sanción marca un precedente sobre el alcance de las funciones de supervisión y control en Colombia, en medio de un contexto institucional que sigue siendo objeto de debate.
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