
Jesús Murillo Karam fue reingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México luego de que permaneció recluido en la Torre Médica del Penal de Tepepan por casi un mes. Su traslado fue justificado por la Fiscalía General de la República (FGR) en cumplimiento de su proceso de prisión preventiva.
Sin embargo, la defensa legal del exprocurador General de la República (PGR) se posicionó en contra de la medida, ya que consideraron que la salud del ex funcionario es delicada, por lo que se insistió en que aprisionar a Murillo Karam lo coloca en una posición desfavorable debido a sus padecimientos médicos.
Cabe señalar que el político ha sido trasladado en ocho ocasiones a diversos centros médicos desde el reclusorio debido a sus problemas de salud, entre los que se encuentran hipertensión arterial sistemática, insuficiencia vascular cerebral, así como una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

José Javier López García, abogado del inculpado, apuntó que —luego de que Murillo se contagió por COVID-19 hace unos días— la medida no es la correcta, por lo abogó a que le sea retirada la prisión preventiva. No obstante, la misma solicitud fue negada el pasado 2 de diciembre.
“Rechazamos la medida pues pone en riesgo la salud y vida del licenciado Murillo Karam. La semana pasada el licenciado Murillo Karam fue diagnosticado con COVID-19, lo cual deja en una posición aún más desfavorable su salud, por las enfermedades que padece (...) Incluso el día de hoy, presentó una presión arterial de 190/100”, se lee en un comunicado.
Además, señaló que —desde el pasado 19 de octubre— ya no regresó al reclusorio, sino que fue trasladado a cuatro diferentes hospitales públicos: “Hospital General de Xoco; el Instituto Nacional de Cardiología ‘Ignacio Chávez’ donde se le practicó de emergencia una cirugía Edarterecotomía Carotidea de Alto Riesgo; Hospital Belisario Domínguez y la Torre Médica de Tepepan”.

Asimismo, al también ex secretario de Desarrollo Agrario (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto permaneció en terapia intensiva por 14 días, mientras que a inicios de noviembre se le internó en el Hospital de especialidades de Iztapalapa.
Murillo Karam fue acusado por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en el crimen de Estado suscitado en septiembre de 2014: el caso Ayotzinapa. Los cargos presentados en su contra fueron desaparición forzada, tortura, así como delitos contra la administración de justicia cuando estuvo al frente de la PGR, durante la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.
Por su parte, el ex procurador también fue parte de fabricar la explicación que se fraguó durante el gobierno de Peña Nieto, la cual se conoce como la “verdad histórica”. En dicho informe se atribuyó la desaparición y homicidio de los estudiantes a una banda del crimen organizado, cuyo nombre es Guerreros Unidos.

Sin embargo, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, declaró que el caso se trató de un crimen de Estado en el que estuvieron implicados funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Fue en ese sentido que Encinas declaró el pasado 8 de diciembre que hay al menos 40 nuevas evidencias en contra de Murillo. “Cuarenta nuevas evidencias para fortalecer el proceso independiente de la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”.
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