
Tras medio años del asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato en manos de elementos de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 80VG/2022, misma que fue dirigida a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
Dicho documento remite a los sucesos registrados el 27 de abril de este año, cuando elementos de la Guardia Nacional se encontraban realizando rondas de vigilancia en un operativo contra el robo de hidrocarburos en Irapuato.
Durante dichas acciones se dio la persecución a un grupo de cuatro estudiantes, quienes habrían sido confundidos con criminales. En los hechos uno de los jóvenes perdió la vida mientras que otro más resultó lesionado con arma de fuego en el hombro derecho.

De acuerdo con las investigaciones emprendidas por la CNDH, en este evento integrantes de la Guardia Nacional actuaron en contra de lo establecido en principios comunes que rigen el uso legítimo de la fuerza y armas de fuego realizando así uso excesivo de la fuerza que derivó en violaciones al derecho a la vida y la integridad personal de cuatro personas.
A la par, la comisión determinó que los elementos seguridad no se encontraban frente a una amenaza real e inminente que ameritara el uso de sus armas letales para salvaguardar su integridad.
“Al no ser el último recurso disponible para proteger esos derechos humanos, no se acreditó el cumplimiento de un fin legítimo y su empleo no puede ser justificado”, expresa el documento.
Dentro de la investigación también se compartió parte de la revelación de una de las víctimas, quien detalló que luego de atacarlos, los elementos policiales omitieron realizar acciones para que se les proporcionará atención médica inmediata.
Por su parte, en las declaraciones obtenidas de los posibles implicados, se dio a conocer que luego de dar alcance al grupo de estudiantes, los elementos de seguridad bajaron del vehículo en el que viajaban haciendo la formación de punta con el fin de capturar a los jóvenes.
Sin embargo, al realizar la maniobra se escucha una detonación de fuego proveniente de uno de los elementos de seguridad, quien accionó por primera vez su arma de cargo calibre 7.62 en contra de la camioneta en la que se encontraban los alumnos.

Al escuchar las detonaciones un segundo elemento reaccionó parapetándose en un árbol cercano y realizando otra detonación disuasiva al aire. Ello desembocó en el caos y persecusión subsecuentes.
Cabe recordar que por los hechos, el 30 de abril de este año se dio a conocer que el agente que disparó y asesinó al estudiante identificado como Ángel Yael Rangel, fue puesto en libertad y no resultó procesado.
“Lamentablemente el Juez Federal de Control, derivado de la formulación de imputación realizada por la Fiscalía General de la República, dictó auto de no vinculación a proceso al elemento de la Guardia Nacional. Ha quedado en libertad”, informó en un comunicado el rector de la institución Luis Felipe Guerrero Agripino.
Casi un mes después de ello (mayo), el Juez de distrito, Efraín Frauste Pérez, determinó vincular a proceso al guardia nacional que disparó contra los estudiantes. Asimismo, el pasado 5 de diciembre se dio a conocer la vinculación a proceso de un segundo elemento.
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