Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, aseguró que la Cámara que preside respetará el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a los probables casos que lleguen a ella por presunta inconstitucionalidad por la Reforma Electoral de AMLO.
Durante una conferencia de prensa, el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que aunque no llegara a coincidir si la Suprema Corte invalida uno, varios o todos los puntos que se promueven en esta iniciativa, él, su bancada y el Senado respetarán los veredictos.
Para respaldar y generar certidumbre sobre su afirmación, el presidente del Senado recordó cuando la SCJN determinó no aplicar prisión preventiva oficiosa a los presuntos delincuentes fiscales, mejor conocidos como “factureros” y esta Cámara legislativa respetó lo dictado por la máxima autoridad del poder judicial.
Cabe recordar que esta afirmación salió a la luz después de que numerosos miembros de la oposición afirmaran que procederían en contra de la iniciativa presidencial, ya que —desde su perspectiva— la Reforma Electoral de AMLO quebranta el orden constitucional de México en relación a las instituciones dedicadas a organizar y garantizar las elecciones.
Por su cuenta, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, fue uno de los varios que dijo que acudiría ante la SCJN para promover recursos de inconstitucionalidad; esto porque, de acuerdo con él, los recortes presupuestales y de personal promovidos por esta iniciativa impedirían a las instituciones que trastocan garantizar sus funciones constitucionales.
Se destaca que esta iniciativa no modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) sino las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial, además de que expide la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Además, esta reforma plantea un ahorro de 5 mil millones de pesos, donde 3.5 mil millones provendrían del Instituto Nacional Electoral (INE), pues se eliminan las tareas duplicadas entre el organismo que dirige Lorenzo Córdova con los Organismos Públicos Locales (OPLEs). Los otros ahorros provendrían del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al respecto, Creel Miranda, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que el llamado Plan B de AMLO en la reforma político-electoral, además de recortar presupuesto, vulnera las capacidades del INE al despedir a mil 200 funcionarios de las juntas directivas locales. Asimismo, atenta contra la libertad de sancionar los actos anticipados de campaña, pues, en caso de hacerlo, la penalización resultaría mucho menor a la establecida: “esto está hecho para las corcholatas del presidente, clarísimamente”.
También se impide revisar los estatutos de los partidos políticos y el rango de interpretación del TEPJF para sancionar. A esto, el panista aseguró que esto es violatorio del artículo 41 de la Constitución, pero lo que consideró aún más preocupante es el supuesto traspaso de votos que supone la “figura de candidatura común”, a lo que calificó como el “fortalecimiento de la partidocracia”.
Fue entonces cuando aseguró que no dudará en acudir a la Suprema Corte para presentar controversias constitucionales para frenar la Reforma Electoral de AMLO. En ese sentido, dijo que cuando se reunió con los magistrados de la SCJN en el informe de Arturo Saldívar, les mencionó que actuará lo antes posible.
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