La lideresa del colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores, ha sido objeto de diferentes amenazas en su contra debido a sus actividades para la búsqueda de sus familiares y de personas desaparecidas en el país.
Por estos motivos, la activista presentó hace un mes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por amenazas, pues señaló en sus redes sociales que se le ha puesto un precio a su cabeza.
Ante esta situación, también pidió ayuda por medio de sus redes sociales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que no se vuelva parte de la “estadística”.
Ya que en su búsqueda por que se le brinde la seguridad que ha demandado en numerosas ocasiones ante las autoridades y la Secretaría de Gobernación, las ha acusado de ser omisas y de ignorar sus denuncias.
Por este motivo pedía a la CIDH intervenir en su caso.
Fue el pasado 15 de noviembre que la lideresa dio a conocer a las afueras de la oficina de la FGR que había presentado la denuncia por amenazas en la Ciudad de México, a un costado de la Glorieta de los Insurgentes.
“No quiero morir sin encontrar a mis hijos, le han puesto precio a mi cabeza, ofrecen 50 mil pesos por matarme. Tengo un botón de pánico que no nos protege, necesito seguridad permanente”, declaró en aquella ocasión.
La amenaza fue emitida desde el penal de Hermosillo, en el estado de Sonora, y se suma a las de anteriores años. Igualmente, señaló que sus compañeras buscadoras habían sido víctimas de amenazas.
Flores está dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), y a pesar de su reubicación, ha señalado que no se le ha procurado la seguridad necesaria e incluso le ha sido negada la protección por continuar con las búsquedas.
De esto acusó directamente al titular de la Secretaría, Adán Augusto López, y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas: “es lamentable que tengamos que sufrir esta situación y que yo tenga que vivir con miedo”.
Cabe señalar que Patricia Flores abandonó el estado tras el asesinato de las activistas Marisela Escobedo, Carmela Vázquez y Esmeralda Gallardo.
Igualmente, a inicios de octubre, la lideresa tuvo que detener por un mes las tareas de búsqueda debido a las amenazas y tuvo que volver a su refugio en la Ciudad de México.
“Solamente las búsquedas que tenemos para este mes quedarán suspendidas hasta nuevo aviso, sería en el mes de noviembre que empezaríamos nuevamente a hacer las búsquedas y darles todo este mes a las autoridades que hagan su trabajo de investigaciones (sic.) y den con las personas que me están amenazando”, cabe señalar que hasta el momento no ha habido detenidos.
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