El caso de desafuero contra Alito Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sigue su curso en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, señaló que, a más tardar, el 15 de diciembre se debe continuar con la siguiente etapa.
Durante una breve declaración a medios de comunicación, el también líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados especificó este jueves 1 de diciembre que la procedencia se atiende conforme a los tiempos legislativos lo permite.
En estos momentos, el caso se encuentra en la sección instructora y se está corriendo el tiempo en relación al conocimiento del expediente promovido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, quien acusó a Alejandro Moreno de ser presuntamente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, motivo por el cual se solicitó al poder legislativo se le retire su inmunidad procesal para continuar con el caso judicial.
De acuerdo con lo señalado por el diputado de Morena, una vez que se conoce el expediente, viene la etapa de alegatos, donde tanto la Fiscalía de Campeche como la defensa de Alito presentarán argumentos, en favor como en contra de la procedencia del desafuero, pero aclaró que forma parte del ritmo natural de este tipo de casos: “Son tiempos que están establecidos”.
Lo que se sabe del desafuero de Alito Moreno es que la FGE de Campeche, a cargo de Renato Sales, inició una investigación contra el priista por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. De entre las pesquisas realizadas por el Ministerio Público (MP), se destaca un cateo realizado en julio de este año en uno de los domicilios de Moreno Cárdenas.
Posteriormente, en agosto, derivado de las tareas de investigación realizadas por la autoridad en Campeche, se solicitó a la Cámara de Diputados se inicie con el proceso de desafuero del líder del PRI, esto para que la Fiscalía local pueda proceder conforme a derecho por el presunto agravio perpetrado por el político.
Asimismo, la Fiscalía especificó que las tareas emprendidas para solicitar la eliminación de la inmunidad procesal atienden a investigaciones exclusivas de esta dependencia y no a los audios difundidos por Layda Sansores, gobernadora de Campeche por Morena, quien a través de redes sociales ha revelado grabaciones estereofónicas atribuibles a Alito Moreno en las que se ponen en tela de juicio su calidad moral como persona servidora pública.
Respecto al cateo realizado en el inmueble de Alejandro Moreno, el MP realizó trabajos de avalúo, donde dedujo costos en materiales, muebles, estructuras y demás posesiones del diputado que probablemente no puedan ser cubiertas con el salario que ha percibido como funcionario, de tal manera que este es el argumento que utilizó la FGE para abrir el caso y, al mismo tiempo, solicitar el desafuero.
Por su cuenta, Alejandro Moreno ha señalado que se trata de una persecución política orquestada desde Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó medidas represivas contra el líder priista después de que él y su bancada votaran en contra de la Reforma Eléctrica que pretendía empoderar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la iniciativa privada, esto porque la exhibición de los audios y las investigaciones en su contra se dieron después de la votación en San Lázaro, misma que tuvo como consecuencia la invalidez de la iniciativa constitucional que requería de dos terceras partes de la Cámara para ser avalada.
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