Corrupción en la industria del petróleo fomenta la desaparición forzada en Veracruz

Veracruz ha llegado a ser catalogado como uno de los estados más peligrosos en México. Mucho se recuerda sobre el gobierno de Javier Duarte plagado de presuntos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Datos recientes de la organización Empower, sustentan esta vez la relación entre el negocio de los hidrocarburos y la desaparición forzada en el estado de Veracruz.

Por medio de una investigación en conjunto con activistas y asociaciones que acompañan a familiares de víctimas de este atroz delito, la organización señaló que, ante la falta de atención a los actos de criminalidad económica en el sector energético veracruzano, la presencia del crimen organizado se agrava.

Con ella la violencia y los procesos de corrupción público-privada sobre los municipios que son estratégicos en la cadena logística y de producción energética también de recrudecen, involucrando a personas civiles que pasan a ser víctimas no solo de quienes perpetúan por convención actos ilícitos, sino también de quienes están alineados a un puesto político que omite e incluso conciente las faltas.

Para señalar la gravedad del asunto, resulta necesario apuntalar a un dato: las inversiones para extraer hidrocarburos y construir infraestructura en Veracruz han coexistido con procesos de impunidad y crímenes graves a los derechos humanos contra la población civil.

Esto lo han evidenciado 661 fosas clandestinas donde se han localizado 978 cuerpos y más de 33 mil 549 restos humanos en ese estado. Además, el conteo indica que el 89.86 por ciento de las fosas clandestinas localizadas en Veracruz fueron halladas durante el gobierno de Javier Duarte (2010-2016), periodo en el que se materializa la Guerra contra las Drogas en la entidad.

Empower ha entendido entonces al crimen organizado bajo más variables, es decir, como una categoría que hace referencia a:

“Complejas alianzas y redes de intereses económicos, también conocidas como redes de macrocriminalidad económica, desarrolladas entre actores legales e ilegales que colaboran para obtener beneficios de carácter financiero, a partir de brindarse protección mutua con los objetivos de capturar a las instituciones del Estado, controlar territorialmente a la población local y acceder a infraestructura como carreteras y puertos, mientras dominan diferentes industrias y lavan sus ganancias ilegales usando los aparatos económicos legales”

El informe de la organización pone como ejemplo de estas redes entre funcionarios y actores ilícitos el caso de Francisco Colorado Cessa, alías Pancho Colorado, empresario ligado a Los Zetas.

De acuerdo con la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, Colorado fue encontrado culpable en 2015 y condenado a 20 años de prisión acusado de “conspiración” para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas que realizaban Los Zetas. Colorado encubría las ganancias ilegales a través de contratos públicos que una empresa de su propiedad ganó con Pemex y el gobierno de Veracruz.

Así, es importante recalar que 61.57 por ciento del total de las fosas localizadas por Empower en Veracruz en el periodo 2000-2020 se concentraron en 57 municipios donde se llevaban a cabo proyectos para extraer petróleo y gas natural o donde se construían infraestructura, como carreteras, puertos y gasoductos, desarrollados por capitales privados.

Empower aseguró que los datos sobre fosas clandestinas eran superiores a los de cualquier fuente oficial, por lo que afirmaron que había un “subregistro” que no sólo ocultan información sobre las graves violaciones de derechos humanos, también “evitaba que se generaran análisis de contexto para explicar la brutalidad a la que ha sido sometida la población civil”.

Con ello, agregaron, es posible que se estuvieran bloqueando otras investigaciones para resolver los graves episodios que señalan a integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz de haberse coludido con grupos del crimen organizado para desaparecer personas.

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