Después de casi 5 años de que Marisela A. y sus dos hijos, de 8 y 2 años de edad respectivamente, fueran asesinados, hoy los responsables ya tienen una condena: pasarán 119 años tras las rejas.

Este lunes 5 de septiembre, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio en contra de Jorge Alejandro “C” y Julio César “G”, ambos amigos y responsables de los crímenes perpetrados el 9 de diciembre de 2017 en Uruapan, Michoacán.

Aquel día, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Marisela y sus hijos fueron localizados sin vida en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Viñedos con heridas producidas por un arma punzocortante.

Con el transcurso de las investigaciones, las autoridades hallaron que Marisela era víctima de violencia por parte de Jorge Alejandro, quien era su esposo, situación por lo que había pedido ayuda a su familia, pues tenía la intención de escapar de su casa.

Gracias a los trabajos coordinados entre la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) y diversas disciplinas de Servicios Periciales, se obtuvieron indicios de la participación de Jorge Alejandro “C” y de su amigo Julio César “G” en el feminicidio y los homicidios de ambos menores.

Por esta razón, fue posible emitir una orden de aprehensión y los sujetos fueron detenidos en marzo de 2018.

Después de cuatro años de estar a disposición de las autoridades, ambos fueron sentenciados en una audiencia a cumplir una pena de 119 años de cárcel, así como a cubrir el pago moral y material de la reparación del daño a la familia de las víctimas.

Fiscalía del estado se comprometió a mantener la comunicación con activistas

Durante una reunión con instancias especializadas en derechos humanos y violencia de género, el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, reconoció la importancia de la comunicación en el acceso a la justicia, por lo que aseguró que la institución se coordinará de manera permanente con colectivas y activistas de estos grupos.

Asimismo, reveló que entre enero y junio de 2022 se otorgaron mil 907 medidas de protección a mujeres víctimas de diversos delitos. Aunque no especificó la naturaleza de dichas medidas, mencionó que la cifra fue mayor a las brindadas en el mismo periodo de los dos años anteriores.

En el encuentro que contó con la presencia de integrantes del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), el titular de la FGE de Michoacán hizo un llamado a “no bajar la guardia” debido a la exigencia social de que se cumplan, en su totalidad, los objetivos del proceso penal.

Finalmente, exhortó al CJIM y a las fiscalías especializadas para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, y en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión a integrar personal capacitado en sus respectivas áreas, de manera que se puedan atender las necesidades de la ciudadanía michoacana.

Datos publicados por el Observatorio Interactivo de Incidencia Delictiva reportan que, en Michoacán, 16 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y julio del presente año.

Sumado a ello, destaca la tendencia a la alta de este delito en la entidad en años recientes, ya que en 2019 se contabilizó un total de 14 víctimas, en 2020 fueron 23 y en 2021 la cifra llegó a 30, lo que dio un promedio de más de dos víctimas de feminicidio por mes.

Uno de los casos que más ha conmocionado a Michoacán en tiempos recientes fue el feminicidio de Jessica González Villaseñor, quien fue reportada como desaparecida y luego encontrada sin vida, en Morelia, en septiembre de 2020.

Diego Urik, señalado como el responsable del feminicidio de Jessica, fue detenido el 30 de septiembre de ese mismo año y vinculado a proceso un día después por el delito.

Sin embargo, a dos años de haber ocurrido el crimen, el proceso parece estar lejos de terminar, ya que en días recientes el juez a cargo de las audiencias, Ariel Montoya Romero, comentó a medios locales que de los 90 testimonios que se tienen previstos para aportar pruebas sobre el feminicidio, sólo se han desahogado siete.

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