A casi un mes de que Layda Sansores, gobernadora de Campeche reveló que tenía pruebas de que Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, habría obtenido fotografías íntimas de algunas legisladoras de la organización, el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió dos proyectos de medidas cautelares.
Fue el cinco de julio cuando la mandataria anunció que tenía material gráfico que involucraba a 20 diputadas del PRI. En consecuencia se buscó que se aplicaran medidas cautelares contra la mandataria.
En este tenor, durante la sesión virtual la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de este 12 de agosto se resolvieron dos medidas: una por presunta Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) ejercida en contra de las legisladoras y otra por aparente uso indebido de la pauta y calumnia en contra del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Las medidas no solo aplicarían a Layda Sansores, pues se indica que también fue denunciado Erick Reyes León, Delegado Presidente de Morena en Campeche, al partido político Morena, a diversos influencers, y a quien resulte responsable de la Violencia Política en contra de las diputadas.
Lo anterior, derivado de la publicación y difusión de diversos contenidos en redes sociales motivados por las declaraciones de la mandataria que aseguró tener fotografías íntimas con poses insinuantes que legisladoras priistas habrían enviado al líder nacional del PRI.
“También presentaron como medidas de protección: a) prohibición de comunicarse con las víctimas, b) limitación para asistir o acercarse al domicilio de las víctimas o lugar determinado y c) la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas o a personas relacionadas con ellas”, detalló el INE.
La Comisión de Quejas concluyó que se contabilizaron 61 publicaciones del tipo (9 en Facebook, 10 de YouTube, 39 de Twitter, 1 de Telegram y 2 de Zylike) que tienen como objeto ofender, denostar, descalificar y cosificar a las legisladoras del partido tricolor.
Explica el INE que debido a que hay posibilidades de que en el futuro pudieran haber más publicaciones en diferentes plataformas se aplicará una tutela a los involucrados, menos a Sansores, como prevención.
“Asimismo, se determinó procedente la tutela preventiva, pues existe un indicio que probablemente dichas manifestaciones se sigan emitiendo, por lo que se considera que existe un riesgo actual y real, de que las personas denunciadas -con excepción a la Gobernadora de Campeche, en atención a que la Sala Superior en el Acuerdo SUP-JDC-613/2022 ya ordenó similares medidas a la denunciada- incurran nuevamente en posibles vulneraciones a los principios constitucionales y legales en materia de VPRG”.
Cabe recordar que en julio pasado, la diputada Paloma Sánchez Ramos, una de las afectadas señaló que a raíz de las declaraciones de Layda Sansores sobre supuestas fotografías íntimas que recibió diversos mensajes de acoso en las redes sociales, además de que se ha replicado la información a través de las mismas vías.
Por otro lado, la diputada federal Cristina Ruíz Sandoval aseveró que las declaraciones de Sansores constituyen delitos federales como violencia política en razón de género, violencia a la identidad sexual agravado, violencia mediática y digital, así como amenazas “que ameritan pena privativa de la libertad”.
En consecuencia, diputadas y diputados federales del partido presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 12 de julio en contra de la gobernadora, la cual se relaciona con los dos proyectos de medidas cautelares del INE.
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