Mientras que algunos funcionarios de la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T) celebraron el tercer aniversario de la creación de la Guardia Nacional (GN), analistas de seguridad cuestionaron y criticaron su uso como un actor político, la militarización en México y el uso indiscriminado y no regulado de las Fuerzas Armadas.
Durante la presentación del informe Guardia Nacional: 3 años de definición militarista, realizado por la organización Causa en Común, se intercambiaron diferentes perspectivas sobre el impacto que ha tenido la aprobación de una corporación civil que terminó siendo de carácter militar.
Y es que de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se han recibido 2,169 quejas que involucran a la GN durante tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre dichas quejas se mencionan supuestas torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, así como tratos crueles, inhumanos o degradantes.
A pesar de las más de dos mil quejas, la GN actualmente solo atiende dos recomendaciones emitidas por la CNDH, relacionadas con violaciones a los derechos humanos y a la integridad personal: la 50/2020 y la 92/2021.
En el primer cuatrimestre de este 2022, se interpusieron 106 quejas contra la GN ante la CNDH debido al empleo arbitrario del uso de la fuerza, intimidación, presunta tortura y tratos crueles. Ejemplos de lo anterior sobran. Uno de los más recientes fue el asesinato del estudiante de Agronomía de la Unviersidad de Guanajuato, Ángel Yael, por el cual sólo fue procesado un elemento de la Secretaría de Marina adscrito a la GN.
Lo anterior contradice lo presentado por López Obrador, quien había asegurado durante su campaña presidencial de 2018 que retiraría de las calles al Ejército y la Marina, además de que la Guardia Nacional estaba pensada como una corporación de carácter civil y terminó realizando no solo tareas de seguridad pública, sino que también lleva a cabo tareas ajenas a sus funciones.
Durante su intervención en la presentación del informe, el analista de seguridad, Alejandro Hope, señaló que “la Guardia Nacional es una ficción administrativa”, toda vez que el mandatario federal la ha usado como capital político.
Asimismo, se señaló el involucramiento del comandante de la GN, Luis Rodríguez Bucio, en actos proselitistas de campaña al apoyar a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como cuando invitó a la ciudadanía a participar en la revocación de mandato en abril pasado.
Entre los principales riesgos derivados de la incidencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública destaca el incremento de un mayor número de violaciones a derechos humanos. Además, ante el aumento en su presupuesto, también se acentúa el riesgo de corrupción, se detalló en el informe.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en 2020 se asignaron 29 mil millones de pesos para la GN; en 2021 aumentó a 35 mil 671 millones de pesos y para este 2020 el presidente López Obrador señaló que se incrementaría en 50 mil millones de pesos, lo que daría un presupuesto de 85 mmdp, aproximadamente, el cual sería usado para el pago de nómina y la constricción de cuarteles.
Según el informe de seguridad presentado en mayo del año en curso, de 2019 a 2021 se construyeron 239 cuarteles, mientras que para 2022 se tiene contemplado la construcción de 98 más. En tanto, para 2023 se estima la creación de 123 y para el 2024 otros 100, dando un total de 594 carteles.
En la presentación del informe participaron la directora de Intersecta, Estefanía Vela, la senadora Claudia Anaya, el analista Alejandro Hope y la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera.
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