El pasado 29 de junio, Antonio de la Cruz se convirtió en el doceavo periodista asesinado en lo que va del año en México; país que, de acuerdo a la ONG, Reporteros Sin Fronteras (RSF), funge como el segundo más peligroso para ejercer el periodismo, tan sólo después de Birmania.
De esa manera, el 2022 se reafirma como el más letal contra el gremio durante el sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) - también caracterizado por manejar una retórica hostil hacia medios y profesionales críticos de la administración, según RSF.
Ante ello, la Organización emitió un nuevo exhorto hacia el Gobierno Mexicano para que garantice urgentemente la protección hacia sus periodistas. Esto, a través de una página completa de la edición impresa del diario, The Washington Post.
Los retratos de los periodistas occisos José Luis Gamboa (asesinado el 10 de enero), Margarito Martínez (enero 17), Lourdes Maldonado (enero 23), Roberto Toledo (enero 31), Heber López Vásquez (febrero 10), Jorge Camero (febrero 24) y Juan Carlos Muñiz (marzo 4) ilustran la parte superior de la cuartilla de la edición del pasado 3 de junio.
En tanto, en el marco inferior se vislumbran los rostros de Armando Linares López (marzo 15), Luis Enrique Ramírez Ramos (mayo 5), Yessenia Mollinedo (mayo 9), Sheila Johana García (mayo 9) y Antonio de la Cruz (junio 29).
Cabe señalar que el número sí considera como agresión a la prensa los casos de Roberto Toledo y Jorge Camero: dos homicidios que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no los considera con dicha agravante, pues “los victimados no ejercían la labor periodística” al momento del crimen, argumentó.
Dichos mosaicos encuadran el pronunciamiento de RSF, el cual apunta que el 2022 no sólo ha sido el año más violento del actual Gobierno, también como “el más mortífero registrado para los medios en el país”.
Seguido de ello, RSF destacó los tres frentes que día a día amenazan la práctica periodística: el primero, la impunidad imperante en el 90% de los casos; el segundo, el crimen organizado que censura a quienes denuncian sus operaciones, y el tercero, servidores públicos locales.
Es por ello que la Organización reiteró en su exhorto para garantizar un ejercicio de libre prensa, a través de la protección a sus profesionales de la información.
Es pertinente señalar que este violento escenario ha sido reconocido por la propia Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia directamente responsable de velar por el bienestar de las y los reporteros mexicanos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
Así ocurrió en un informe del 5 de marzo pasado, al confirmar que 55 periodistas han sido asesinado desde diciembre del 2018, inicio del gobierno de AMLO. Esto, implicó un rebase a los datos registrados en la mitad del sexenio de sus antecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Asimismo, aceptó que la impunidad posiblemente, obedecería a que el 43.1% de los casos estarían vinculados con servidores públicos municipales - colocándolos encima del crimen organizado, responsables del 33.5%.
Un ejemplo de esta línea es el propio Antonio de la Cruz, cuyo homicidio fue rápidamente atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) en razón de las críticas y cuestionamientos contra las autoridades locales.
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