Este jueves 2 de junio se confirmó que César Duarte, ex gobernador de Chihuahua por el PRI, por fin será extraditado a México y entregado a autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por lo que en redes sociales cobró revuelo las múltiples acusaciones contra el ex mandatario local y la velocidad en la que se atrae la justicia en México.
Un ejemplo de cómo se comenzó a polarizar la discusión en redes sociales lo proporcionó Javier Lozano, ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el sexenio de Felipe Calderón, quien estimó esto como un logro de la administración de Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua por el PAN y, al mismo tiempo, desestimó los esfuerzos de Javier Corral, ex mandatario de la entidad por el mismo partido.
Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto?
Pues si bien a ejecución de la extradición ocurrió durante el gobierno de Campos Galván, no se debe de desestimar las acciones que emprendió Corral Jurado durante su administración, esto porque fue él quien inició con el operativo Justicia para Chihuahua, el cual tuvo como propósito investigar los presuntos actos de corrupción de César Duarte durante su sexenio, solicitar a la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) que detenga al ex priista y llevar el proceso de extradición desde que Duarte fue detenido en Florida, Estados Unidos.
César Duarte fue detenido el 8 de julio en Miami, Florida, por la Policía de EEUU, esto por la investigación que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua cuando ésta estaba a cargo de César Augusto Peniche, quien juntó un total de 22 denuncias contra el ex abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Después, la defensa de Duarte Jáquez promovió una cantidad considerable de amparos para evitar, a toda costa, pisar territorio mexicano, incluso, utilizó como pretexto la pandemia de COVID-19 a su favor, esto porque llegó a argumentar que la situación en Chihuahua pondría en riesgo su integridad; sin embargo, con apego al Estado de derecho, la FGE ganó todos los amparos y se determinó, en noviembre de 2021, que César Duarte debe de ser procesado en México.
Bajo la secuencia lógica que se planteó durante el proceso, ya sólo era cuestión de tiempo que el ex gobernador, custodiado por las autoridades estadounidenses, fuera entregado a México y se inicie el proceso contra el ex priista. De tal modo que la FGE, durante el gobierno de Campos, en realidad lo que hizo fue heredar un caso sólido que cuenta con una veintena de señalamientos y la victoria de más de 80 amparos.
Por su cuenta, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, es la figura máxima de la única institución en México con las competencias necesarias para recibir a un prófugo de la justicia, de tal modo que, por protocolo, la FGR recibirá a Duarte para ponerlo a disposición oficial de la FGE, para que ésta continúe con su proceso contra el ex representante del PRI.
Finalmente, cabe destacar que en una de las líneas de investigación de la FGE cuando estaba Javier Corral señalaba que Maru Campos, la gobernadora, fue cómplice de Duarte al participar como beneficiaria en una red de corrupción y sobornos conocida como La Nómina Secreta, en la que sostiene que la actual mandataria local recibió cerca de 10 millones de pesos para aprobar el presupuesto de Duarte cuando gobernaba.
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