
La mañana del 15 de diciembre de 2007, los habitantes de Ciudad de México amanecieron con la noticia de que en su ciudad, hasta entonces ajena a los horrores del narco, había acontecido un hecho de extrema violencia que vaticinaba la llegada de los grandes cárteles de la droga a la capital del país.
En la colonia Peñón de los Baños, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sobre el toldo de una camioneta, fueron abandonadas las cabezas de Gerardo Santos Iglesias y Carlos Tapia Rosillo, empleados de la empresa Jet Service, cuyas oficinas se encontraban a unos pasos de ahí, en la terminal aérea del AICM.
La percepción de la capital mexicana como una ciudad relativamente pacífica, o al menos al margen de las decapitaciones y otros actos sanguinarios de extrema crueldad, de los que se hablaba mayormente en el norte del país, quedó sepultada esa mañana de 2007.
La razón por la que los dos empleados de Jet Service terminaron en tan lamentables circunstancias fue por un escándalo que sacudió a la aerolínea Lufthansa, cuyos servicios de aministración y almacenamiento eran gestionados por la empresa donde ambos trabajaban, ocurrido tres días antes: efectivos de la Policía federal y de la Administración General de Aduanas descubrieron media tonelada de cocaína procedente de Colombia en los almacenes de la compañía.

No era la primera vez que sucedía algo así. En marzo de ese mismo año las autoridades del aeropuerto habían decomisado 2.5 toneladas de efedrina, un alcaloide estructuralmente relacionado con la metanfetamina, en las bodegas de la aerolínea alemana, considerada como una de las más prestigiosas de Europa y del mundo.
El dueño y destinatario de dicha mercancía era el Cártel de Sinaloa, que en ese entonces trabajaba de la mano con los hermanos Beltrán Leyva. Precisamente fue este último cártel el que ordenó torturar y asesinar a los que empleados de Jet Service por considerarlos responsables del decomiso de la droga y la consecuente pérdida millonaria que supuso para la organización criminal.
Hace poco más de una década, Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias El Grande, miembro de los Beltrán Leyva, fue detenido en Puebla. Entonces se supo cómo habían muerto los dos trabajadores del aeropuerto. El Grande confesó que para llegar hasta ellos, cuatro sicarios tuvieron que disfrazarse de policías federales para poder ingresar a las oficinas de la empresa.
Ahí preguntaron por Gerardo Santos y Carlos Tapia, y una vez que consiguieron sacarlos de la oficinas, se los llevaron secuestrados en una camioenta negra. “El primero (que mataron) fue Carlos Alberto Tapia, con quién me arreglé para que recibiera la droga”, admitió El Grande. Sus cuerpos decapitados fueron encontrados días después del hallazgo de las cabezas en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.
Según reportes de inteligencia, meses después los Beltrán Leyva fueron señalados por el Cártel de Sinaloa, entonces al mando de Joaquín El Chapo Guzmán, como traidores, pues se había descubierto que los hermanos daban información a las autoridades para que decomisaran cargamentos de droga, a cambio de que después se los vendieran a ellos mucho más barata.
Un informe de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, con fecha del 2007, ya había advertido sobre la presencia de los cárteles de Tijuana, Colima, Juárez, Sinaloa, Golfo y Oaxaca, en la Ciudad de México. A partir de entonces, actos extremadamente violentos como el de los empleados del AICM comenzarían a repetirse con mayor asiduidad en la capital del país.
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