
En un nuevo esfuerzo por justificar los episodios de violencia en el país, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que desde la entrada de su Gobierno ya no se ha reportado un aumento en los homicidios dolosos, pero reconoció que su incidencia tampoco ha registrado una baja sustancial.
En ese tenor, el mandatario incluso afirmó que, de haber triunfado el bloque opositor en los presidenciables del 2018, las estadísticas de asesinatos habrían continuado en aumento.
“Llegamos y comenzamos a contener (...) Quienes deben reconocer que se equivocaron son nuestros adversarios”, puntualizó en su conferencia de prensa donde, además, refrendó que la crisis de inseguridad es un complejo heredado.

El 23 de mayo pasado, Guanajuato volvió a ser azotado por la violencia tras reportarse una masacre en un bar de Celaya que dejó un saldo de 11 personas muertas (cuatro hombres y siete mujeres). Ante ello, se ordenó el despliegue de 800 efectivos del ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad.
Y es que según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), la entidad gobernada por Diego Sinhue Rodríguez se colocó como la segunda con más incidencias de homicidios dolosos en lo que va del 2022, con 993 casos.
No obstante, y pese al reiterado compromiso de contener los multihomicidios, López Obrador se jactó de que éstos ya no son directamente detonados por el Gobierno Federal, sino por un asunto entre bandas criminales. Por ello, el tabasqueño negó un posible replanteamiento de la estrategia de seguridad

Cabe recordar que el Jefe del Ejecutivo ya había rechazado replantear la estrategia de seguridad, en específico, la que refiere al despliegue de oficiales de las Fuerzas Federales en la vía pública.
Así lo expresó en su mañanera del 18 de mayo pasado, cuando México superó las 100 mil personas desaparecidas. En aquel encuentro, Andrés Manuel descartó la recomendación de ONG’s que apunta a cesar la militarización en la República: “No podemos ser maniqueos en estos casos”, señaló.
El argumento del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, las labores de seguridad de las Fuerzas Armadas están estrechamente relacionadas con delitos de lesa humanidad, tales como las torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Detalló que solo en 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) se ubicaron entre las diez autoridades más señaladas en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por su parte, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), la crisis se agudizó entre 2016 y 2021, y hasta el momento hay al menos 52 mil cuerpos de víctimas sin ser identificados en las morgues y fosas comunes de distintos estados del país .
Bajo ese tenor, es que el Comité estimó que, en las condiciones actuales, se necesitarían 120 años para identificar los restos humanos que permanecen en los servicios forenses - sin contar los que aún se encuentran en las fosas clandestinas, de las fiscalías locales de cada entidad.
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