En México se tienen derechos diferenciados frente a la seguridad social y pensiones, por ello los diputados federales analizan el marco jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para identificar cómo se podría avanzar hacia un sistema nacional de pensiones justo para las personas que concluyen su vida laboral formal, del sector informal o de autoempleo.
En San Lázaro, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), destacó la necesidad de llevar a cabo reformas jurídicas para que todas las diferencias se subsanen y que todos los mexicanos tengan los mismos derechos en torno a la seguridad social y a las pensiones sin diferencias que pueden ser injustas y evitables.
Como parte de la Semana Nacional de la Seguridad Social, la diputada de Morena, Araceli Ocampo Manzanares informó que se trabaja en la iniciativa sobre las pensiones calculadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, que adiciona un párrafo a la fracción sexta del artículo 123 de la Constitución, Apartado A.
En ese sentido, el panista Santiago Torreblanca Engell expresó su desacuerdo en aplicar la UMA en el cálculo de las pensiones, por una cuestión administrativa, “jamás se pensó en el tema pensionario” ni tampoco se vinculó a la materia laboral al referir el artículo tercero transitorio del decreto respectivo.
El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Iván Pliego Moreno, afirmó que en función de que se tiene una estructura multipilar en el Sistema de Ahorro para el Retiro “existen las condiciones para generar un sistema de pensiones único e integrado, donde cada una de las instituciones u organismos asuman su responsabilidad para generar sostenibilidad y transparencia en el manejo de los recursos de los trabajadores”.
Además, Pliego Moreno recomendó redoblar los esfuerzos para disminuir la informalidad y promover el ahorro voluntario.
El titular de la Consar añadió que los sistemas de pensiones de universidades, estados y municipios deberán evaluar sus esquemas con el objeto de otorgarle sostenibilidad financiera y asegurar una pensión digna a sus trabajadores sin comprometer los recursos de sus instituciones.
Explicó que en estas circunstancias el Sistema de Cuentas Individuales representa una opción viable con un menor costo fiscal. La pensión universal es muy importante derecho social que complementa la pensión contributiva, dijo.
Por su parte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, director general de Pensiones Civiles de Chihuahua, expuso que existen más de mil sistemas de pensiones públicos en México, casi todos diferentes y la mayoría descapitalizados.
Por ese motivo propuso crear una ley marco que defina el rumbo y las acciones para cada grupo de trabajadores, la transición pensionaria para las próximas generaciones e interconectar a los trabajadores afiliados al IMSS, ISSSTE y universidades.
Ante la fragmentación del sistema de pensiones a nivel nacional, la Cámara de Diputados tiene que hacer reformas hacia un sistema único, dijo Ángel Pérez Silva del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE).
Óscar Sandoval García, actuario de la UNAM, especialista en sistemas de pensiones, apuntó el reto de explorar la viabilidad de establecer un sistema único nacional de pensiones con un enfoque universal, solidario e integral que atienda las necesidades de todos los trabajadores con una redistribución del ingreso.
Víctor Méndez Sánchez, representante de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), señaló la problemática que enfrentan las 35 universidades públicas estatales en torno a la viabilidad del sistema de pensiones vinculada al Presupuesto de Egresos 2023.
Sobre el contexto actual, Edgar Díaz Garcilazo, vocal ejecutivo del PENSIONISSSTE, planteó tres acciones básicas para las personas que tienen una cuenta individual en las Afores: consultar de manera periódica el estado de cuenta, actualizar el expediente de identificación electrónica y el ahorro voluntario.
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