Esta mañana, el gobierno de EEUU deportó al principal accionista de la Sociedad Financiera Popular, FICREA, Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien está acusado de cinco delitos, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La operación se llevó a cabo alrededor de las 10:00 horas por el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de América, que entregó a Olvera a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el Puente de Lincoln-Juárez, que une a las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Este hombre —detenido en 2017 en Texas, EEUU— está acusado de defraudar a más de 6 mil personas, en su mayoría adultos mayores mediante una financiera (FICREA), por ello, desde hace cinco años, los afectados habían solicitado la extradición de Olvera Amezcua.
Ficrea brindaba servicios financieros como productos de inversión, ahorro y créditos. Operaba como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) gracias al aval del gobierno que recibió en 2008. Dos años más tarde, esta caja de ahorro fue comprada por un grupo de empresarios, entre los que destacó Rafael Olvera Amezcua, principal accionista con el 99.92% del capital de la compañía.
Los nuevos operadores la hicieron crecer hasta que se convirtió en la segunda sociedad de ahorro popular más grande del país.
El escándalo llegó cuando la CNVB auditó la empresa y detectó varias operaciones irregulares que podían proceder del lavado de dinero o un manejo fraudulento, así que decidió suspender las operaciones de Ficrea el 7 de noviembre de 2014 porque se utilizaron los ahorros de los clientes para cubrir los gastos de los socios.
La Sofipo tenía una cartera de crédito de 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales, 5 mil 900 millones de pesos fueron transferidos a otras empresas.
La Sofipo dejó un total de 6 mil 800 ahorradores afectados. Eran en su mayoría gente de la tercera edad y muchos ya fallecieron.
Los afectados firmaban dos contratos. El primero con Ficrea, con el que se les otorgaba un crédito, y el segundo con otra empresa relacionada como Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial a donde desviaban los recursos sin supervisión de la Comisión Bancaria.
El mayor beneficiario de los recursos fue Rafael Olvera Amezcua, quien se dio una vida de lujos, por lo que fue demandado ante una corte de Florida, Estados Unidos. El cargo que se le imputa es el robo de USD 65 millones a las personas que invirtieron sus ahorros en esa empresa.
Se presentaron al menos 100 denuncias por el fraude, pero la mayoría desistió de la acusación. A la fecha, el 5% de los clientes continúa con los procesos para recuperar sus ahorros, que en conjunto equivale a 800 millones de pesos.
Sólo 29 de las propiedades de Rafael Olvera Amezcua fueron recuperadas por las autoridades y se han vendido tres de ellas, con lo que se obtuvo al menos 130 millones de pesos.
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