Este lunes 28 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional el Artículo 331 del Código Penal de Veracruz (CPV), el cual pondera una pena de hasta dos años de prisión a quien incurra en el delito de “ultrajes a la autoridad”, por lo que los más de mil veracruzanos privados de su libertad por este supuesto ilícito podrían quedar en libertad en breve.
De acuerdo con la mayoría en la Suprema Corte, el 331 del CPV contraviene a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) por violentar los derechos a la libertad de expresión, legalidad y el principio de taxatividad.
“Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, detalla el CPV en el artículo señalado.
El principio de taxatividad se expresa como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
Bajo esta lógica, los ministros de la Corte señalaron una flagrante violación a este término, pues la redacción del Artículo no esclarece cómo se incurriría en este delito, por lo que “cualquier palabra, tono de voz, gesto, burla podría ser una amenaza o agresión contra un funcionario”.
Una vez determinado esto, Cuitláhuac García anunció que buscará el modo de que este artículo tenga vigencia; para conseguirlo, advirtió que podría cambiar el nombre del delito para que la determinación de la corte no tenga efecto en las prisiones veracruzanas y que los presos se queden en los centros penitenciarios; sin embargo, un senador advirtió que esta empresa se verá frustrada por el marco normativo mexicano y, además, explicó qué pueden hacer las personas que estén siendo procesadas por este cargo.
Se trató de Ricardo Monreal, líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores, quien durante una conferencia de prensa explicó que aunque el gobernador busque establecer un delito similar, tras la determinación de la Suprema Corte, las cortes locales deben de acatar la instrucción. Además, su carácter de retroactividad liberará a todas y todos los ciudadanos que estén presos por ultrajes a la autoridad.
Además, recalcó que la SCJN determinó que como este artículo contraviene a la CPEUM desde su aprobación, todos los que están siendo privados de su libertad por este supuesto delito, deberán de quedar en libertad, pues la acción penal no debió de haberse ejercido.
Finalmente, señaló que “si el gobernador desea enviar otra iniciativa, está en su derecho, sólo que la (Suprema) Corte puede iniciar medios de apremio en caso de que se repita el mismo caso penal que ya declaró inválido constitucionalmente”. Por eso, en vez de que busque promover un sistema punitivo similar, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República exhortó al gobernador de Veracruz a que impulse el respeto a los derechos humanos en la entidad.
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