Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado de la República, invitó a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz por este partido, a que promueva una política de defensoría a los derechos humanos en su estado, ya que el mandatario local advirtió que buscaría la forma de evadir la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en cuanto a su resolución respecto al delito de ultrajes a la autoridad.
El lunes 28 de febrero, la Suprema Corte determinó que el Artículo 331 del Código Penal de Veracruz (CPV) contraviene a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) por violentar los derechos a la libertad de expresión, legalidad y el principio de taxatividad, por lo que García Jiménez anunció que buscará cambiarle el nombre al delito para que este artículo siga vigente, algo que mereció un comentario durante una conferencia realizada este martes 1 de marzo.
Ante esta posibilidad, lo primero que hizo Monreal Ávila fue felicitar a los 10 magistrados que declararon inconstitucional este Artículo, ya que a través de él, dijo, “se han cometido muchos excesos”.
Después aclaró que no existe un riesgo jurídico mayor, pues la resolución tiene un efecto inmediato, por lo que este día se debió notificar al Congreso local de Veracruz para que entre en vigor el efecto de la resolución, mismo que invalida la acción penal de este delito; asimismo, su carácter de retroactivo demanda la liberación de los casos existentes.
Tras esta afirmación, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores explicó el procedimiento por el cual los más de mil veracruzanos podrían quedar en libertad. En este sentido, recalcó que el proceso debe de ser breve.
En cuanto a la intención de Cuitláhuac García por promover un artículo similar o cambiarle el nombre a ultrajes a la autoridad, Monreal dijo que él está en su derecho de hacerlo, pero el derecho mexicano está preparado para este tipo de casos y advirtió que esa lucha sería infructífera, pues “la Corte puede iniciar medios de apremio en caso de que se repita el mismo caso penal que ya declaró inválido constitucionalmente”.
Específicamente en este caso, el legislador sugirió al gobernador que preste sus esfuerzos al reconocimiento y promoción de los derechos humanos, pues en caso de desatender a la SCJN, tanto García Jiménez como el congreso local, estarían incurriendo en desacato, con lo cual podrían venir sanciones como solicitudes de destitución a legisladores.
De acuerdo con el Artículo 331 del CPV, “se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”; sin embargo, esto ya quedó sin efecto penal gracias a la SCJN.
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