El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR), entregar información al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los casos de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y Odebrecht.
Y es que el pasado 22 de diciembre, la Sala Superior del TEPJF ordenó a la FEDE entregar al órgano electoral la documentación relacionada con diversas carpetas de investigación a su cargo, pues de acuerdo con el organismo, dicha información es necesaria para que el INE lleve a cabo procesos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos.
Sin embargo, el INE presentó ante la Sala Superior un escrito en el que manifestó que han pasado más de 30 días sin que la Fiscalía cumpliera con la sentencia emitida por la Sala Superior.
“Por tanto, y asumiendo que el secreto ministerial no se opone a la facultad de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, el INE solicitó al TEPJF que se pronunciara al respecto de la situación”, recordó el Tribunal.
Por ello, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, el pleno de la Sala Superior determinó, por mayoría de cinco votos a favor y dos en contra, que la sentencia ha sido incumplida por parte de la FEDE, pues no se han entregado las copias de las carpetas de investigación solicitadas al INE.
Casos Odebrecht y Pío López Obrador
El 22 de diciembre del 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debía entregar al Instituto Electoral toda la información que éste solicite sobre el caso del dinero que recibió Pío López Obrador de David León Romero, ex operador del gobierno de Chiapas durante el mandato de Manuel Velasco, para un presunto financiamiento ilícito hacia Morena.
En su momento, dos magistrados se opusieron al proyecto, entre ellos, José Luis Vargas, quien propuso analizar de fondo el caso y declarar infundadas las intenciones del INE, al considerar que no existe una norma que faculte al órgano a que “ante la actividad fiscalizadora pueda superarse la secrecía ministerial, como sí sucede en la bancaria, fiduciaria y fiscal”.
En tanto, el pasado 14 de enero la Fiscalía General de la República inició el proceso para desclasificar la carpeta de investigación referente al caso Odebrecht, donde se incluyen 36 declaraciones de 22 funcionarios públicos del sexenio de Enrique Peña Nieto, realizadas ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018.
Entre los nombres que figuran en los documentos se encuentra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien en su declaración ministerial del 17 de agosto de 2017 se reservó su derecho a declarar y negó “cualquier imputación que se formule o se haya formulado en mi contra”.
Asimismo, se encuentran personajes de la actual administración al frente de Pemex, como André Arthur Glorieux González, Arturo Arregui García, José Aarón Marrufo Ruiz, Armando Hiram Hinojosa González, Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, José Samuel Sánchez Reyes y Leonardo Cornejo Serrano.
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