Por qué desapareció el operativo “Mochila Segura” de las escuelas en México

La mañana de este lunes 21 de febrero, la Ciudad de México se consternó al darse a conocer que un alumno de primer año de secundaria resultó herido tras la detonación de un arma de fuego, misma que éste ingresó al plantel educativo con el fin de presuntamente mostrársela a sus compañeros de clase.

Ante dicho acontecimiento, organizaciones sociales y padres de familia pidieron que se reactive el operativo Mochila Segura, con el fin de que se evite otro accidente como el que ocurrió hoy en la alcaldía Iztapalapa, así como salvaguardar la integridad de todos los involucrados en el sistema educativo.

Sin embargo, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han declarado inconstitucional el actuar de dicho operativo, puesto que transgrede algunos principios constitucionales como el derecho a la privacidad.

Y es que en febrero de 2021, la Primera Sala de la SCJN declaró inconstitucional el programa al argumentar que no cuenta con un marco legal que lo sustente, por lo que viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) al transgredir la integridad o propiedad de una persona sin un mandato judicial.

Dicha resolución del máximo tribunal en el país fue resultado de un amparo que interpusieron dos padres de familia, con el fin de evitar que sus hijos deban de someterse ante dichos parámetros sin un sustento legal al interior de sus escuelas.

“El fallo reconoce que la falta actual de regulación no debe obstaculizar el que los congresos federal y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollen legislación que, apegada al marco constitucional, pueda dar sustento y contenido formal a programas como el reclamado, con pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, se pudo leer en el comunicado que emitió la corte.

Finalmente, la Suprema Corte destacó que la determinación no impide que se lleven a cabo intervenciones o revisiones al interior de los planteles educativos cuando se ha cometido algún delito o hay sospechas de alguno que ponga en riesgo a la comunidad.

No obstante, la historia del operativo es larga en el país, especialmente en la Ciudad de México, pues su primera aparición se remonta al 2004 durante el mandato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de Vicente Fox como Presidente de la República.

Su origen se dio cuando un menor de edad, de 13 años, acudió a la Escuela Secundaria Ángel Martín del Campo, en Iztapalapa, con una pistola escuadra 380 con la que accidentalmente disparó en la cabeza de unas de sus compañeras de clase; dando como resultado que se comenzará a revisar qué es lo que ingresaban los menores de edad a los planteles.

Sin embargo, fue hasta 2007 -ya bajo el gobierno de Felipe Calderón e iniciada la estrategia de seguridad, mejor conocida como la Guerra contra el narco- cuando el operativo fue incluido en el Programa de Escuelas Seguras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal con el objetivo de crear un ambiente más seguro.

Siete años después, en el 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto derogó las reglas de operación argumentado que éstas ya había cumplido su vigencia y su objetivo. No obstante, tres años después fue retomado debido a la petición de los trabajadores en los planteles.

Cabe aclarar que no todos los trabajadores y docentes estaban de acuerdo con su reactivación, por lo que interpusieron denuncias y amparos, los cuales argumentaron que la SEP no contaba con un programa o protocolo que validara su realización.

Ante dichos conflictos, la dependencia educativa optó por recomendar que la revisión se diera a fuera de los planteles y que fueran supervisadas por los padres de familia.

Ya en 2019 la CNDH determinó que, aunque ya no era obligatorio el programa, éste sí violaba los derechos humanos a educación y a la intimidad, puesto que no velada por el interés superior de los infantes. Acción que validó la SCJN con su dictamen y razón por la cual la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, sentenció que no se reactivaría en la capital del país.

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