Secuestros, urnas robadas y denuncias sin resolver: así fue la elección que puso a Rocha Moya en el poder... y en la mira de EEUU

“Yo estaba encañonada de pies a cabeza”, así lo ha declarado Paola Iveth Gárate Valenzuela años después de que hombres armados y encapuchados la privaran de la libertad durante más de nueve horas la noche del 5 de junio de 2021, un día antes de la elección que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa.

Hoy esa elección estaría en el centro de una investigación federal en México y es parte central de una acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sostiene que Los Chapitos del Cártel de Sinaloa intervinieron para garantizar el triunfo del entonces candidato de Morena.

Gárate era candidata a diputada local por la alianza PRI-PAN-PRD cuando fue interceptada por un convoy de camionetas con hombres encapuchados, con pecheras y armas largas.

“Fue como si hubiesen querido ir a levantar a un gobernador. No he exagerado la cantidad de camionetas y de personas armadas que ahí nos detuvieron”, dijo en su momento al medio Animal Político. Estuvo amarrada y encapuchada durante más de nueve horas, escuchando gritos, golpes y disparos. Fue liberada durante las primeras horas del domingo, ya en la jornada electoral.

Su caso no fue el único. El proyecto Votar entre balas documentó en Sinaloa durante 2021 nueve víctimas asociadas a siete eventos de violencia: seis secuestros, dos asesinatos y una amenaza. Siete de esas víctimas se concentraron entre el 3 y el 6 de junio, los días inmediatos a la jornada electoral.

Secuestros, urnas robadas y policías con órdenes de no intervenir

El viernes 4 de junio, dos días antes de la elección, fue privado de la libertad José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI estatal y uno de los perfiles más altos de la estructura electoral opositora en Sinaloa.

El sábado 5, además de Gárate, fue secuestrada Martha Yolanda Dagnino Camacho, regidora de Morena en Guasave, lo que mostraría que la violencia no fue selectiva contra la oposición.

También ese día fue privado de la libertad el hermano de Guadalupe Iribe, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Badiraguato. Iribe llamó ese domingo al candidato a gobernador Mario Zamora para pedirle ayuda. “Me habla desesperada, llorando, y me dice: ‘Mario, necesito que me ayudes ahorita mismo. Voy a ir yo a la radio, voy a hablar a la radio, a decir que me bajo de la elección, que no voten por la alianza, que voten por Morena, porque se acaban de llevar a mi hermano’”, relató Zamora a Animal Político.

Su conclusión sobre lo que vivió Sinaloa ese día fue directa: “Tú no puedes ganar una campaña contra alguien que tiene una metralleta cruzada al brazo”.

El día de la elección, la violencia llegó también a las casillas. Medios locales como Revista Espejo y Noreste documentaron que en el norte del estado hubo robo y quema de urnas. En Cosalá, un reportero de El Debate fue encañonado, despojado de su equipo y obligado a retirarse. La Junta Local del INE reportó el robo de urnas en los distritos 1, 3 y 4. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa registró 23 casillas vandalizadas en Ahome y Guasave.

La Policía Estatal de Sinaloa recibió órdenes de no acercarse a los recintos electorales ese día, incluso si los agentes observaban actividades delictivas o recibían denuncias ciudadanas. Los agentes recibieron llamadas de emergencia sobre amenazas en casetas de peaje para obligar a los votantes a sufragar por determinados candidatos, y sobre robo de urnas en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota. Siguiendo instrucciones, no intervinieron.

Ese detalle no solo fue documentado por periodistas locales: aparece también en la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de EEUU el 29 de abril de 2026.

Al cierre de la jornada, el cómputo estatal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa registró que Rocha Moya, candidato común de Morena y el Partido Sinaloense, obtuvo 624,225 votos, equivalentes al 56.60% de la votación total.

Su rival más cercano, Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, obtuvo 358,313 votos, el 32.49%. Esas cifras ubicaron a Rocha Moya como el candidato con el mayor porcentaje de votación entre las 15 gubernaturas en juego ese día en todo el país.

La magistrada que validó la elección

El PRI presentó el 17 de junio de 2021 un recurso de inconformidad para pedir la nulidad de la elección. En el expediente TESIN-INC-06/2021 enlistó privaciones de la libertad, ataques a casas de campaña, 50 denuncias por secuestros y amenazas, robo de urnas, 19 casillas suspendidas en Ahome por presencia de grupos armados, 51 paquetes electorales desaparecidos y 42 carpetas por delitos cometidos antes y durante la votación.

El 23 de agosto de 2021, una delegación encabezada por Marko Cortés, entonces dirigente nacional del PAN; Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI; y Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, viajó a Washington con un expediente de 53 páginas para presentar el caso ante la Organización de los Estados Americanos.

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa reconoció que los incidentes generaban indicios sobre lo ocurrido durante la jornada, pero sostuvo que no constituían prueba plena. El dictamen que declaró válida la elección fue elaborado por la magistrada Aída Inzunza Cázarez y aprobado por unanimidad el 17 de agosto de 2021.

En esa sesión, Inzunza Cázarez sostuvo que “en la elección de la gubernatura del estado de Sinaloa fueron cumplidos a cabalidad los principios rectores del proceso electoral”.

Aída Inzunza Cázarez es hermana del senador Enrique Inzunza Cázarez, hoy acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto a Rocha Moya por conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

El tribunal concluyó que solo se acreditaron actos de violencia en 23 de las 4,986 casillas instaladas en Sinaloa, equivalentes al 0.46%, y que la diferencia de votos entre Rocha Moya y Zamora era demasiado amplia para que los hechos de violencia fueran determinantes en el resultado.

El caso también llegó al INE, aunque por una vía distinta: no por la violencia documentada durante la jornada, sino por un presunto rebase de gastos de campaña. El instituto determinó que el monto no era suficiente para anular la elección. Esa decisión fue impugnada, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el criterio del INE.

Bajo investigación cinco años después

El 29 de abril de 2026, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, presentó una acusación formal que incorpora a Rocha Moya y a nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa al expediente S9 23 Cr. 180, el mismo caso abierto en 2023 contra los líderes de Los Chapitos.

El documento sostiene que antes de las elecciones de junio de 2021, Rocha Moya se reunió con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán en un encuentro custodiado por sicarios armados con ametralladoras. Los Chapitos prometieron asegurar su victoria; Rocha Moya prometió colocar funcionarios favorables al tráfico de drogas en puestos de autoridad en el gobierno estatal.

Según la acusación, el día de la elección sicarios del cártel robaron papeletas y urnas del partido opositor y, usando una lista de nombres y domicilios de rivales de Rocha Moya entregada previamente por el entonces funcionario Enrique Díaz Vega, secuestraron e intimidaron a candidatos opositores para obligarlos a retirarse de la contienda.

A raíz de esas acusaciones, presuntamente fuentes de la FGR citadas por varios medios de comunicación han reportado que la fiscalía habría reactivado y concentrado en una sola línea de investigación dos expedientes: el del asesinato del exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal —el mismo lugar donde Ismael “El Mayo” Zambada aseguró haber sido secuestrado antes de ser trasladado a Estados Unidos— y la presunta participación del crimen organizado en la elección de 2021.

Hasta el momento de esta publicación, la FGR no ha emitido un comunicado oficial al respecto y Rocha Moya no ha sido citado a declarar ni como testigo ni como imputado.