El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nuevamente insistió que los señalamientos por tráfico de influencias contra su hijo, José Ramón López Beltrán, es un esfuerzo para “desprestigiar la imagen de su Gobierno”.
A pesar de ello, hizo un llamado a su primogénito y a su nuera, Carolyn Adams, a no interponer ningún recurso judicial contra los “difamadores”, a menos que ya hubiera una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Esto, a raíz del pronunciamiento de la joven en el cual aseguró que se reservarían el derecho de tomar acciones legales.
Bajo ese hipotético, el mandatario aseguró que “no tendría problema” en comparecer ante el órgano, dirigido por Alejandro Gertz Manerro, en caso de iniciarse un proceso contra José Ramón,
“El que nada debe, nada teme (...) Si van a presentar denuncias, que le den curso”, comentó en su conferencia matutina.

Sin embargo, AMLO estaría a punto de refrendar su postura, ya que, de acuerdo con Animal Político, la FGR ya habría iniciado una carpeta de investigación por corrupción y otros delitos relacionados con presuntos contratos entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Baker Hughes en la actual administración.
Esto, en seguimiento con el nuevo capítulo de la polémica de la “casa gris” revelada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el cual señaló que la empresa estadunidense habría recibido USD 194 millones por asignaciones de Pemex durante los primeros cinco meses que habitaron López Beltrán y Adams la casa de Cypress, en Texas.
En específico, se señala que en dicho periodo la compañía petrolera recibió tres asignaciones de Pemex como renovación de contrato luego de que Keith Schilling, ex ejecutivo de relevancia, reconociera que el hijo de López Obrador había sido su inquilino entre agosto de 2019 y julio de 2020.
Cabe recordar que Schilling negó para Bloomberg “relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario”, pues el alquiler se realizó a precio de mercado y en seguimiento con los términos del contrato de alquiler.

Como acto de respuesta a las acusaciones, el 20 de febrero el periodista, Julio Astillero, compartió unos documentos en los que se probaría la validación del contrato de arrendamiento entre Carolyn Adams y Keith y Lauren Schilling, información que podría desechar la teoría de un presunto delito por parte del hijo del mandatario mexicano.
Aunado a ello, José Ramón López Beltrán también compartió las copias de los contratos e indicó que con estas presuntas pruebas “se desmiente la campaña contra la familia del hijo de AMLO”.
Esto contrastaría lo que MCCI difundió el pasado 18 de febrero, en donde agentes inmobiliarios aseguraron que el pago del alquiler se habría realizado fuera de la ley o sin un pago al dueño.
De acuerdo lo referido, la operación no fue registrada en el sistema empleado por los agentes de bienes raíces en Texas, pues tres agentes inmobiliarios confirmaron que el supuesto arrendamiento no está en el sistema MLS (Multiple Listing Service), al cual únicamente tienen acceso los miembros de la asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston (HAR, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, Astillero aclaró que los comprobantes, inicialmente publicados por La Jornada, aún deben de pasar por una prueba de confirmación, es decir, explicó que lo ideal sería que se muestre la validación del contrato y del pago mensual dados entre agosto de 2019 y julio de 2020.
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