Este domingo 20 de febrero la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) de la Cámara de Diputados recibió el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, elaborado por al Auditoria Superior de la Federación (ASF), en donde sobresalieron numerosas observaciones.
El encargado de recibir dicho oficio fue Pablo Angulo, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de dicha comisión ordinaria, quien recordó que la ASF tiene la obligación constitucional de entregar a la Cámara los informes individuales de auditorías para concluir la total entrega de los informes de la Cuenta Pública 2020 que, durante el periodo respectivo, suman un total de mil 616 auditorías.
“En la Comisión de Vigilancia nos comprometemos a trabajar cerca de la Auditoría Superior de la Federación sin menoscabo de su autonomía técnica y de gestión, pero sin olvidar que la fiscalización es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y, por lo tanto, la ASF forma parte de esta soberanía. Comprendemos la importancia de la correcta fiscalización de los recursos públicos como la principal herramienta del combate a la corrupción”, señaló Angulo Briceño.
La importancia de mantener este tipo de procedimientos al interior de la burocracia mexicana es de suma relevancia, pues México se ubica en el lugar 124 de 180 en percepción de la corrupción global, lo cual quiere decir que la transparencia en este tipo de procesos debe de ser total para poder recuperar la confianza de la ciudadanía.
Bajo esa lógica, Ana Elizabeth Ayala Leyva, diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), informó que como parte de la estrategia implementada por la ASF priorizó las auditorías de mayor impacto donde destacan las realizadas en la Refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, la inversión en el Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y los programas sociales.
A pesar de que la entrega ocurrió conforme a lo dictado por el protocolo, esta institución reportó anomalías, mismas que corresponden a diferentes sectores, por lo cual exhortó a que se realicen diversos procedimientos aclaratorios para poder conocer en qué se destinaron los recursos del erario.
Suman 63 mil millones de pesos en presuntos daños al erario público
De acuerdo con lo reportado por este órgano legislativo en las tres entregas que se han realizado, se encontraron presuntas irregularidades por 63 mil 10 millones de pesos (USD 3.15 mil millones), de los cuales 2 mil 181 millones ya fueron aclarados, por lo que quedan pendientes 60 mil 229 millones.
Cabe destacar que la ASF señaló 48 mil 114 millones de pesos corresponden a la suma de dos entregas anteriores que aún no se explican. Y, en cuanto al 2020, existen 39 mil 565 millones de pesos en gasto federalizado que aún no se aclaran.
Respecto al ejercicio de esos recursos, es el rubro estatal el que más anomalías representa, pues la administración federal tiene pendientes por explicar 5 mil 571 millones, mientras que en las entidades es de 25 mil 692 millones de pesos, es decir, el 65 porciento.
Los gobiernos municipales tienen pendientes por detallar el destino de 5 mil 874 millones de pesos en gastos, mientras que los legislativos locales es de 129.2 millones de pesos. Asimismo, las universidades públicas deben de aclarar 2 mil 205 millones de pesos y, el poder judicial local, fue el mejor librado, pues solamente deben de aclarar por 92 millones de pesos.
Finalmente, David Colmenares, titular de la ASF, aclaró que hasta donde se ha avanzado se tratan de observaciones preliminares y no de desvíos de recursos. En este sentido, recordó que todas las dependencias de gobierno y organismos autónomos que ejercen presupuesto del erario están emplazadas hasta 60 días para refutar o aclarar las anomalías presentadas por la ASF.
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