
La discusión a Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión que tiene por objeto debatir los pros y contras de la Reforma Eléctrica de AMLO continúa. Este martes 8 de febrero, se llevó a cabo el Foro 14, que lleva por título “Convencionalidad de la iniciativa de Reforma Eléctrica: T-MEC vs Reforma Eléctrica”.
Para argumentar en favor de la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 1 de octubre estuvieron presentes Raúl Jiménez y Almudena Otero, abogado general y abogada del departamento de Arbitraje de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), respectivamente.
Del otro lado de la mesa se sentaron Ana López Mestre, directora General en American Chamber of Commerce of México, y Kenneth Smith, socio en AGON-Economía, Derecho, Estrategia, quienes aseguraron que la reforma del presidente contraviene lo establecido por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Inicialmente, la directora Mestre Martínez señaló que la aprobación de la iniciativa presidencial supondría una afectación a la confianza de los inversionistas privados, además de que “comprometería la transición energética y la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica”. Además de que “sí se contrapone a los compromisos que México ya adquirió en el T-MEC”.
Bajo esa lógica, reiteró que la reforma va contra las leyes del libre mercado, por lo que afectaría la inversión privada, ya que protege a la CFE. Asimismo, dijo que podría impedir que México llegue a la meta de producir el 35% de su energía de manera sustentable y sin contaminantes.
Smith Ramos agregó que no se puede tomar el Capítulo 8 del Tratado como un “cheque en blanco” para hacer las modificaciones que sea en la Constitución Política. Tomando esto en cuenta, reconoció la existencia de este capítulo que prevé la posibilidad de que México sea soberano en su legislación interna, pero explicó que el gobierno, durante la elaboración del T-MEC debió de solicitar excepciones específicas adicionales.

En ese sentido, recordó que hay reglas en el Tratado sobre cómo se deben conducir las empresas comerciales del Estado, estableciendo un piso parejo, condiciones comerciales, transparencia regulatoria y no discriminación a favor de los “monopolios estatales”.
Cabe destacar que Kenneth Smith Ramos fue jefe de la negociación técnica para T-MEC, lo cual reafirma lo señalado por Guadalupe Correa a Infobae México respecto a la existencia de la rotación del personal en altos rangos del servicio público con las empresas privadas.
Respecto a las posturas en favor de la Reforma Eléctrica, los funcionarios de la Comisión aseguraron todo lo contrario, es decir, la iniciativa no contraviene el Tratado y por lo tanto, el fortalecer a la CFE con el 54% de participación en el ramo no representa un riesgo comercial.

Jiménez Vázquez dijo que el Capítulo 8 dice que “México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna”, por lo cual, el Estado mexicano puede promover la reforma con libertad. Asimismo, dijo que “de ninguna manera conlleva una expropiación directa o indirecta; el gobierno no va a asumir ningún título o derecho de propiedad sobre las plantas de generación y tampoco hay expropiación indirecta”.
Finalmente, Otero de la Vega reiteró que la reforma es compatible con el Tratado y que los inversionistas extranjeros “cuentan con las mismas oportunidades para generar electricidad y competir en el mercado que los privados mexicanos. Ambos están en circunstancias similares para competir en el 46% disponible en la inversión privada y se les aplicará el mismo marco jurídico”.
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