Reforma Eléctrica: la relación legal del 54% y 46% entre el sector público y el privado

Este jueves 3 de febrero se llevó a cabo el décimo tercer Foro del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica de AMLO, donde un panel de especialistas discutieron los aspectos legales que implican las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

A favor de la iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presentaron Georgina Velasco, consejera jurídica y de servicios legales de la CFE, y Eduardo Andrade, director general de Profesiones de la SEP, quienes sostuvieron que en la Carta Magna se garantiza y promueve un sistema de economía mixta, el cual no se contraviene con la reforma del ejecutivo federal.

Velasco Zanella recordó que lo propuesto por la administración federal en materia eléctrica establece un esquema en el que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuente con un 54% de participación en el ramo (generación, transmisión, distribución y comercialización), mientras que la Iniciativa Privada (IP) se quedaría con el 46% restante, lo cual es acorde al sistema de economía mixta que mandata la Constitución.

En comparación con la Reforma Energética promovida en 2013 por el expresidente Enrique Peña Nieto, la especialista refirió que con el modelo anterior se propicia la balcanización de las redes de distribución (de CFE), porque permite que los generadores privados se conecten en cualquier lugar del territorio nacional, lo cual satura las líneas de transmisión de la paraestatal.

Señaló que este tipo de fenómenos propició los apagones que ya se vieron a finales de 2020 y principios de 2021. En ese sentido, señaló que la CFE respalda con sus plantas la generación eléctrica ante la concentración de los generadores privados, quienes se salen del proceso porque no tienen la continuidad necesaria para ofrecer el servicio, al saturarse. En otras palabras, las plantas de ciclo combinado de la paraestatal se utilizan cuando se requiere respaldar la intermitencia.

Afirmó que la Comisión quiere piso parejo y reglas claras, no quiere simulaciones ni mercados paralelos; tampoco distribuir entre los usuarios los costos, sino un trato justo y una verdadera competitividad.

Por su cuenta, Andrade Sánchez recalcó que el Estado mexicano es quien debe de llevar el eje rector en el ramo eléctrico nacional, pues éste, y no los privados, es quien pueden reorientar el modelo de generación del servicio bajo una visión de “beneficio social y no a la ganancia particular”. Asimismo, para poder materializar esto, se debe de revertir la reforma del 2013, pues la CFE pierde dinero por las transferencias que realiza a las empresas privadas.

Entonces, para tirar la reforma de Peña Nieto y promover la de AMLO, señaló que no se estarían violando tratados internacionales, pues la misma CPEUM contempla la posibilidad de establecer procedimientos que modifiquen algunas situaciones que existían antes.

Del otro lado del espectro se encontraron, Raúl Pérez, abogado constitucionalista, y Carlos Rodríguez, abogado especialista en derecho energético, quienes reiteraron que la modificación a la CPEUM que propuso AMLO podría cambiar la perspectiva con la que los inversores privados ven a México.

Rodríguez Sámano afirmó que la iniciativa no sólo afecta a los generadores privados, sino que crea incertidumbre en cualquier inversión extranjera o nacional para mejorar la infraestructura o instalación de plantas productivas. Mientras que Pérez Johnston señaló que afectaría a los derechos fundamentales del libre mercado, al mismo tiempo que propiciaría “millonarias indemnizaciones”. Por lo que propuso una regulación secundaria en vez de una reforma constitucional.

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