Paulo Díez Gargari, abogado especializado en temas de transparencia, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos actos de corrupción durante su paso por la oficina del ejecutivo nacional.
En una entrevista con Carmen Aristegui, el jurista reveló a presunta red de colaboradores de Scherer, quien se habría beneficiado económicamente por detener procesos judiciales en contra de empresas que obtenían contratos multimillonarios.
La principal acusación de Díez Gargari se sustenta en el caso de la empresa Aleática, la cual obtuvo la concesión del Viaducto Bicentenario en el Estado de México, presuntamente obtenida de manera irregular, por lo que el gobierno federal inició un proceso legal en su contra, pero posteriormente habría sido detenido por el ex consejero jurídico.
“Esta es una omisión muy grave, ya que él era el responsable de representar al presidente de la República en todas esas controversias constitucionales, y se abstuvo de hacerlo, de ejercer una facultad exclusiva que él tiene, con lo cual permitió que estos señores sigan indebidamente explotando ilegalmente el Viaducto Bicentenario en perjuicio de todos los mexicanos”, señaló el abogado.
Debido a esto, Díez Gargari presentó una denuncia ante la FGR, en la cual lo acusa de su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y delitos contra la administración de la justicia.
“No sólo eso, estos actos u omisiones de Julio Scherer impidieron que una carpeta de investigación que estaba a punto de judicializarse hace dos años en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR se detuviera, con base en este famoso convenio de colaboración con el gobierno del Estado de México, que yo llamo ‘convenio de la vergüenza’, por el que supuestamente se reconoce la validez de esta concesión estatal”, aseguró.
El abogado que presentó la denuncia ante la FGR afirmó haber entregado a la Consejería Jurídica de la presidencia la evidencia de “cómo Aleática había obtenido, a partir de información falsa presentada al Fonadin, un crédito de mil 500 millones de pesos en 2010 del que, hasta la fecha, no se ha pagado ni un peso de capital ni de intereses, por lo que el saldo actual de ese crédito acumula un monto superior a los 3 mil 500 millones de pesos”, lo cual no fue considerado por Scherer.
Debido a esto, el jurista asegura que Scherer “engañó al presidente”, pues le hizo creer que estas empresas tenían la intención de invertir para beneficiar a los mexiquenses, cuando lo que realizaron fue el desfalco de instituciones públicas, pues recibieron recursos de Banobras y Fonadin.
Los presuntos actos de corrupción por parte de Julio Scherer habrían sido realizados en conjunto con una “red de corrupción y extorsión” conformada por diversos despachos y abogados, los cuales se aprovechaban de la influencia del abogado en la oficina de la presidencia.
El objetivo final de las diligencias de Scherer, era que los peajes del Circuito Bicentenario siguieran siendo cobrados por la empresa privada y no por el gobierno del Estado de México, pues el contrato de supervisión de peaje vehicular otorgado a las autoridades mexiquenses había sido ignorado por Aleática.
Juan Antonio Araujo Rivapalacio y Alonso Rivera Gaxiola son dos de los abogados señalados de operar para Scherer, quienes solicitaron a la periodista Carmen Aristegui USD 125 millones para “no realizar cosas que haría contra diversas personas”.
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