La discusión sobre la Reforma Eléctrica que se propuso desde la presidencia de la república continúa. A partir de este lunes 24 de enero inició la segunda semana del Parlamento Abierto, mismo que continuará hasta el 15 de febrero, donde numerosos puntos de vista se encontraron tanto en favor como en contra respecto a esta iniciativa de reforma constitucional.
Inicialmente, Francisco José Barnés, ex rector de la UNAM y socio director de Cifra2 Consultores, llamó a rechazar en todos sus términos la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que aseguró que tendrá repercusiones negativas en el sector eléctrico, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las finanzas públicas, a la confianza de los inversionistas y a la economía nacional.
Durante el quinto Foro del Parlamento Abierto para discutir las modificaciones a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Barnés de Castro aseguró que esta restrictiva para el sector privado cancela el derecho de los usuarios calificados de contratar y recibir electricidad de otras fuentes de suministro diferentes a la CFE.
Esto representaría una afectación a las inversiones existentes en más de 800 centrales eléctricas, pues se les impone un cambio radical en su modelo de negocio, lo cual es violatorio de los acuerdos internacionales suscritos por México. Asimismo, se cancelarían todos los permisos de generación y los contratos de la comisión dirigida por Manuel Bartlett con la Iniciativa Privada (IP).
Francisco Barnés de Castro es un ingeniero químico y académico mexicano quien fue el rector de la máxima casa de estudios de México de 1997 a 1999 y que renunció a su cargo tras la presión estudiantil ejercida durante la gran huelga de 1999, misma que se condenó su implementación arbitraria de cuotas de ingreso y semestrales y prestaciones de servicio en la universidad.
Del otro lado del espectro se encontró Humberto Morales, coordinador del Centro de Investigación de Historia Económica y Social Centro de Estudios Estratégicos, quien señaló que la comisión compra energía de una gran cantidad de empresas privadas a las que se les otorgaron permisos de manera “irresponsable y que han especulado con los contratos concesión”.
En este sentido, recordó que no se trata de excluir a la IP, sino que simplemente se trata “de poner orden en el mercado eléctrico y entender que el mejor despacho es el que se calcula sobre los costos totales y no sobre los costos marginales porque de esa manera vamos a saber realmente quiénes son competitivos en el mercado con respecto a la CFE y no tener distorsión del mercado creado por los monopolios privados”.
No obstante, el abogado especialista Óscar Moreno Silva señaló que, en caso de aprobarse esta iniciativa, se trataría de una “expropiación de facto”, lo cual afectaría gravemente a inversionistas y señaló que en caso de que exista algo dañino con la legislación del 2013, se podría corregir de otra manera.
Finalmente, el ingeniero de la UNAM, Joaquín Rodríguez, dijo que es fundamental entender que un sistema de generación y transmisión eléctrica existe y que la singularidad de la oferta de energía es cuantitativamente idéntica a la demanda; es decir, no se puede generar un kilowatt que no se demande o que no esté disponible, por lo que “la oferta y la demanda no rigen este mercado convencional”.
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