A ocho meses del colapso de dos vagones en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que dejó un saldo de 26 muertos y 98 heridos, la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy, aseguró que hasta el momento se ha logrado acuerdos reparatorios con el 80% de las víctimas directas e indirectas.

Este miércoles durante su segundo informe de labores, la funcionaria señaló que la FGJ-CDMX asumió el compromiso de garantizar a los afectados el acceso a la justicia y la reparación integral del daño con base en la constitución política.

En este sentido, añadió que en acuerdo con la empresa encargada de construir el tramo del tren elevado, se asegurará la salud y educación, de las y los niños que resultaron huérfanos en dicha tragedia, hasta que terminen sus estudios.

Asimismo, Godoy Ramos destacó que con transparencia y rigor científico, la institución determinó que las causas del colapso obedecieron a deficiencias en el diseño y construcción de la estructura, así como a la calidad inadecuada de los materiales empleados en la construcción.

Incluso, subrayó que el dictamen pericial lejos de haberse desvirtuado se ha fortalecido. Gracias a esos resultados de la investigación han permitido establecer procesos penales en contra de ocho ex servidores públicos, encabezados por Enrique Horcasitas, ex director del proyecto del metro.

Aprovechó la oportunidad para hacerle un reconocimiento público a la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, “por su compromiso en la atención a las víctimas de la Línea 12″.

Ex funcionarios capitalinos desviaron miles de millones de pesos

Por otra parte, informó que se encontró “evidencia del desvío de varios miles de millones de pesos del patrimonio” de la CDMX por parte de altos ex servidores públicos que se desempeñaron en administraciones anteriores, además de que presumió la detención del ex dirigente local del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de trata de personas y asociación delictuosa.

Mencionó que la fiscalía mantiene el compromiso de erradicar la violencia y abuso en contra de las mujeres y menores, por lo que solicitó, a través de las instancias federales, la solicitud de extradición a Israel bajo el principio de reciprocidad internacional del ex diplomático, Andrés Roemer, a quien se investiga por su posible responsabilidad de los delitos de abuso sexual y violación.

Así como la detención y vinculación a proceso del ex legislador de Morena, Saúl Huerta, a quien investiga por su posible responsabilidad de los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada.

Sobre los ex servidores públicos acusó que “se instauró una maquinaria para extraer el dinero público con dos grandes objetivos: por un lado enriquecer de forma ilícita y grosera a ex funcionarios y por el otro financiar actividades políticas, sociales y electorales mediante la distribución de cantidades importantes de dinero a personajes políticos, sindicales columnistas y operadores”.

Desde el Museo de la Ciudad de la México, Godoy prefirió no mencionar por su nombre a los ex funcionarios que son investigados, e incluso, algunos de ellos detenidos y vinculados a proceso, pero sí las dependencias en las que estuvieron a cargo.

Advirtió que “la corrupción es un delito y su persecución es nuestra responsabilidad vamos a seguir actuando con energía y sin ninguna consideración política para combatirla y erradicarla”.

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