Genaro García Luna impugnó amparo desechado por sus cuentas congeladas

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad federal preso por vínculos con el Cártel de Sinaloa, impugnó que una jueza desechara su amparo por la revisión de cuentas que le han sido congeladas.

Yazmín Eréndira Ruiz, jueza del Décimo Sexto Distrito en Materia Penal, rechazó que el ex funcionario fuera protegido por la justicia por considerar que tramitó su demanda de manera extemporánea.

Sin embargo, García Luna promovió un recurso de revisión donde reclamó que fuera emitida una técnica de investigación contra el aseguramiento de sus bienes financieros a través de una orden del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.

Pues ese mandamiento judicial permitió que interviniera la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

La impugnación del ex secretario de seguridad fue admitida a trámite por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, quien deberá ratificar o revocar la decisión de Eréndira Ruiz.

Pues la juzgadora no estudió a fondo las reclamaciones de García Luna, según sobreseyó el caso el pasado 10 de noviembre. En la resolución se indicó que el quejoso se encuentra bajo procesos judiciales por presuntos nexos con el crimen organizado y está detenido en Nueva York.

“Este órgano federal estima que existe un motivo manifiesto de improcedencia para dar trámite a la misma”, asentó en su decisión.

No obstante que el ex funcionario está en el extranjero, se le aplican los mismos plazos para el resto de los ciudadanos en territorio mexicano. Y aún cuando el numeral 327 de la legislación adjetiva civil federal le otorgaría 15 días más, según la mayor o menor facilidad en comunicaciones, no podría desprenderse que la demanda fue presentada en tiempo.

Apenas el pasado 15 de octubre se reportó que una de las empresas vinculadas a García Luna tampoco fue amparada en su intento por desbloquear operaciones financieras.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue notificada de la improcedencia en el recurso solicitado por Nunvav Inc y la representante legal, Rosalba Tapia Alvarado, para descongelar 23 cuentas.

De acuerdo con la UIF, el juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México rechazó amparar a Tapia Alvarado y a la compañía utilizada para la presunta triangulación de recursos en el amparo 841/2020.

Pues la dependencia federal realizó el bloqueo en cumplimiento a compromisos de carácter internacional para la prevención de la comisión y/o continuación del lavado de dinero.

El recurso legal consta en los registros desde el 25 de agosto de 2020 y, en múltiples ocasiones, ha sido negado de la protección por autoridades del Poder Judicial. De nueva cuenta, la jueza Blanca Lobo Domínguez resolvió el sobreseimiento del juicio y rechazó proteger a las partes quejosas el 1 de octubre pasado.

Según la resolución consultada por Infobae México, resultan inoperantes los argumentos para el desbloqueo de los activos porque la cooperación entre entidades mexicanas como estadounidenses pretende desarticular presuntos nexos con la delincuencia organizada, lo cual acciones jurídicas sobre personas y sus contactos.

“De autos se advierte la solicitud de asistencia realizada por una autoridad extranjera, para la investigación de irregularidades bancarias y posibles vínculos con actividades criminales en México con el objeto de identificar sus redes de lavado de dinero, socios y número telefónicos y así poder desmantelar la organización previniendo así futuras actividades ilegales tanto en México como Estados Unidos”, precisó la juzgadora.

En el amparo indirecto, la quejosa manifestó que se dedica al comercio, cumple con sus obligaciones fiscales y el producto de su trabajo es indispensable para mantener a su familia. Además, que desde el 17 de agosto de 2020 trató de disponer del efectivo en las cuentas y no pudo por el bloqueo de la UIF.

Hace un par de meses, un tribunal federal también desechó que se suspendiera el aseguramiento a tres casas de García Luna, las cuales fueron incautadas por la Fiscalía General de la República a finales de 2020. Aunque la jueza declaró que las casas no podían pasar a manos de terceros y reiteró que debían permanecer los sellos. Mientras tanto no pueden ser subastadas o vendidas.

Esas acciones suman a la batalla legal del exfuncionario, quien está acusado en la Corte del Distrito Este de Nueva York por su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa durante 19 años. Aunque su última audiencia de este 15 de diciembre, su defensa aseguró que en las millones de páginas en evidencias no aparece su conexión con grupos del narcotráfico.

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