Negaron desbloquear cuentas a empresa vinculada con Genaro García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue notificada de la improcedencia en el amparo solicitado por Nunvav Inc y la representante legal, Rosalba Tapia Alvarado, para desbloquear 23 cuentas a la empresa vinculada con el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, preso en Nueva York por cargos de narcotráfico.

De acuerdo con la UIF, el juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México rechazó amparar a Tapia Alvarado y a la compañía utilizada para la presunta triangulación de recursos en el amparo 841/2020.

Pues la dependencia encabezada por Santiago Nieto realizó el bloqueo en cumplimiento a compromisos de carácter internacional para la prevención de la comisión y/o continuación del lavado de dinero.

El recurso legal consta en los registros desde el 25 de agosto de 2020 y, en múltiples ocasiones, ha sido negado de la protección por autoridades del Poder Judicial. De nueva cuenta, la jueza Blanca Lobo Domínguez resolvió el sobreseimiento del juicio y rechazó proteger a las partes quejosas el 1 de octubre pasado.

Según la resolución consultada por Infobae México, resultan inoperantes los argumentos para el desbloqueo de los activos porque la cooperación entre entidades mexicanas como estadounidenses pretende desarticular presuntos nexos con la delincuencia organizada, lo cual acciones jurídicas sobre personas y sus contactos.

“De autos se advierte la solicitud de asistencia realizada por una autoridad extranjera, para la investigación de irregularidades bancarias y posibles vínculos con actividades criminales en México con el objeto de identificar sus redes de lavado de dinero, socios y número telefónicos y así poder desmantelar la organización previniendo así futuras actividades ilegales tanto en México como Estados Unidos”, precisó la juzgadora.

En el amparo indirecto, la quejosa manifestó que se dedica al comercio, cumple con sus obligaciones fiscales y el producto de su trabajo es indispensable para mantener a su familia. Además, que desde el 17 de agosto de 2020 trató de disponer del efectivo en las cuentas y no pudo por el bloqueo de la UIF.

“Como no se me aportó más información, ni mayores fundamentos se nos dejó en un total estado de indefensión por desconocer el origen de esos actos, el procedimiento del que derivan los mismos, los motivos previos, así como por carecer del conocimiento necesario para ejercer una defensa adecuada y un debido proceso legal, puesto que esos actos nos dejan en completo estado de indefensión”, argumentó la apoderada legal.

Aquellas cuentas vinculadas con Tapia Alvarado son de BBVA Bancomer, cuatro de ellas con dirección e Gutenberg y avenida Presidente Masaryk No. 43 en la exclusiva colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Mientras que dos referencias más están en un Parque Industrial de Naucalpan, Estado de México.

En tanto, las relacionadas con Nunvav, siete cuentas son de BBVA, cinco de Banco Base, tres de CIBanco, y una de Banco Interacciones como de Santander, respectivamente.

Esta última empresa junto con otra del mismo nombre y agregado de Technologies está en la lista de negocios relacionados con García Luna y que habrían sido utilizados para lavar dinero entre 50 identidades físicas, morales y Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC por sus siglas en ingles).

A través de esa red se adquirieron propiedades, en su mayoría en Miami, Florida, así como vehículos y restaurantes, según una demanda presentada por la UIF el pasado 21 de septiembre ante el Tribunal de Miami Dade. Pues las autoridades mexicanas pretenden recuperar 250 millones presuntamente robados a la federación a través de contratos en Seguridad y Defensa por servicios a sobreprecio y mediante convenios corruptos.

Luego de terminar sus gestiones el sexenio calderonista, la consultora de Genaro García Luna, Glac, fue beneficiada con transferencias de hasta 125 millones de pesos a través de Nunvav, empresa constituida en Panamá en 2005 (tal como aclaró un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción) y cuyo presidente era Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, hijo de Samuel Weinberg, los contratistas preferidos en el sexenio de Felipe Calderón mediante su secretario de Seguridad.

Los contratos federales se extendieron al gobierno de Enrique Peña Nieto, pues en noviembre de 2013, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República (SEIDO-PGR) suscribió un convenio por más de 2.7 millones de pesos para el mantenimiento del sistema LAGUNA (PGR/AD/CN/SERV/160/2013), de acuerdo con investigaciones de la organización R3D.

“Hemos detectado que esta empresa panameña es la que le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna; es decir, la pregunta es: ¿por qué una empresa panameña tendría que estar pagando recursos para bienes privados del señor García Luna en Miami?”, indicó Nieto Castillo el 27 de diciembre de 2019.

El titular de la UIF agregó que se había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de ese año y fueron congeladas las cuentas del ex secretario de Seguridad, como las de sus allegados, los Weinberg.

Además, detalló que con el esquema corrupto en el sexenio de Peña Nieto, en 2013, 2017 y 2018, hubo pagos por dos mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envió recursos a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros espacios.

García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas, acusado de tráfico de drogas y de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa, para el que habría trabajado durante 19 años mientras ocupaba puestos públicos del más alto nivel; actualmente, la agrupación delictiva está comandada por Ismael Zambada García, el Mayo, y en ella también colaboró Joaquín Guzmán, el Chapo, quien paga una condena de cadena perpetua en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad ADX Florence, en Colorado.

Luego de varios retrasos, el próximo 27 de octubre de 2021 será la fecha definitiva para la audiencia del ex secretario, según se ha programado en la Corte del Distrito Este de Nueva York. El de septiembre pasado, las autoridades anunciaron nuevas evidencias en su caso enviadas por el gobierno de México, incluido un álbum de fotografías.

En México también enfrenta acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, debido a que no comprobó el origen de 27 millones de pesos con que adquirió bienes inmuebles. Se ha solicitado su extradición para que sea juzgado por la Fiscalía General de la República y al menos tres de sus casas y ranchos han sido incautados desde finales del año pasado.

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