“A cada minuto, de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas. Destrozan sus cuerpos, los desaparecen”, la intérprete Vivir Quintana relató una de las más crudas realidades en el país. A través de sus palabras pudo describir el miedo, el terror y la incertidumbre que viven alrededor de 65 millones de mujeres en la República Mexicana.
De acuerdo al Grupo Interinstitucional de Estrategias contra Violencias (Conavim), en 2020 se registraron 940 feminicidios, dos menos que en 2019; sin embargo, las denuncias por violencia en el hogar aumentaron durante las primeras olas del virus SARS-CoV-2, reportándose 57,495 víctimas.
Si bien el feminicidio no es la única forma de violencia que experimentan las mujeres en el país, sí es una de las que más ha sorprendido debido a su brutalidad. Este delito es entendido como “la forma más extrema de violencia de género, ya que se perpetra un asesinato intencional contra la víctima por el simple motivo de ser mujer”.
Fue hasta el 2012 cuando este delito fue tipificado en el Código Penal Federal, quedó enmarcado en el artículo 325, en el cual se estableció que quien cometa dicha pena tendrá que enfrentar hasta 70 años de prisión y pagar de 500 a 1,000 días de multa.
Sin embargo, las estadísticas nacionales han demostrado que la violencia no ha aumentado al parejo en las entidades federativas, sino que es a nivel municipal donde los focos rojos siguen alertando de la peligrosidad con la que las cifras han ido a la alza en los últimos años.
Infobae México habló con la licenciada Amparo Hinterholzer Rodríguez, subdirectora en Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), quien explicó la importancia de que se dé una verdadera coordinación entre los tres órdenes de gobierno para generar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, en este caso, de las niñas y mujeres.
“Existe una necesidad de analizar los casos más allá de lo nacional, enfocarse a lo local y observar qué es lo que está sucediendo en lo municipal, en donde se han presentado aumentos históricos”, explicó.
Y es que en el contexto de la pandemia por COVID-19, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó sobre los municipios que reportaron más feminicidios durante el año pasado. En primer lugar se encuentra Juárez, Chihuahua (19 feminicidios), seguido de Tijuana, Baja California (18 feminicidios), Monterrey, Nuevo León (17 feminicidios), Culiacán, Sinaloa (13 feminicidios) y Zapopan, Jalisco (12 feminicidios).
Sobre ese mismo tenor, remarcó la importancia no solo de atender a las víctimas que desafortunadamente enfrentaron violencia de género, sino de crear programas o estrategias de prevención desde las infancias, con el fin de que las alarmantes cifras vayan a la baja.
La licenciada en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco destacó lo preocupante que es el aumento de las carpetas de investigación por parte de las Fiscalías de los estados, especialmente porque pocas de estas investigaciones concluyen con alguna sentencia condenatoria o de reparación del daño.
Tan solo en 2020, el Conavim reportó que siete mujeres acudieron a levantar un denuncia cada hora, es decir, que una mujer por cada 100,000 en el país llevó hasta las instancias judiciales su caso. No obstante, la situación no mejoró este 2021, ya que de enero a junio se abrieron 129,000 carpetas por violencia familiar.
Las entidades que más carpetas de investigación abrieron por este tipo de violencia fueron Morelos, Colima, Nuevo Léon y Sonora.
Lo preocupante del caso, y que muchas Organizaciones de la Sociedad Civil han denunciado ante el Gobierno de México, es que estas cifras coinciden con el aumento de la violencia contra las mujeres por la actividad del crimen organizado a nivel estatal y municipal.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Fresnillo, Zacatecas; Ecatepec de Morelos, Estado de México; Cuernavaca, Morelos; Gustavo A. Madero, Ciudad de México; Uruapan, Michoacán; y Guadalajara, Jalisco, son los municipios más peligrosos para la ciudadanía. Sitios en donde las denuncias por delitos contra las mujeres han aumentado, especialmente cuando se presentan enfrentamientos entre las cédulas de diversos cárteles en el país.
Por lo anterior, que la experta Hinterholzer Rodríguez señala que desde el ONC se busca impulsar, de la mano con 32 observatorios estatales, el análisis continúo entre la relación entre seguridad y acceso a la justicia, monitoreo constante de las incidencias delictivas e impulsar modificaciones a políticas públicas que beneficien a la población en general.
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