El juez federal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, dejó sin efecto la suspensión definitiva que protegía a Carlos Cabal Peniche de ser detenido, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo acusara del delito de fraude por 695 millones de pesos.
De acuerdo con Milenio, la determinación ocurrió luego de que el empresario mexicano no compareció ante Héctor Fernando Rojas Pacheco, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 12, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien ordenó su captura.
Por otra parte, una jueza federal dio un plazo de tres días a Teresa Pasini Bertán, esposa de Cabal Peniche, para que comparezca ante el juez Héctor Fernando Rojas, ya que de no hacerlo, quedará sin efecto la suspensión definitiva que la protege de ser detenida.
Carlos Cabal Peniche firmó un acuerdo definitivo donde aceptó entregar a Crédito Real las acciones que consiguió de Grupo Radiópolis, a cambio de que la empresa desistiera de la acción penal en su contra y de su esposa, por un presunto fraude por 695 millones de pesos. Pero fuentes cercanas explicaron al medio que en caso de que el empresario no cumpla, el acuerdo se cancelará.
El matrimonio habría recibido 695 millones de pesos de parte de la empresa Crédito Real para comprar Grupo Radiópolis. Pero de acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía capitalina, Carlos Abascal, su esposa y el empresario Alejandro del Valle de la Vega, engañaron a funcionarios de la empresa Crédito Real de Arrendamiento (Creal Arrendamiento S.A. DE. C.V.) para el otorgamiento del crédito. Por este caso, Alejandro del Valle (presidente del Consejo de Administración de Interjet) ya fue detenido.
Y es que, según la investigación, para convencer a la empresa de otorgar el crédito, los empresarios presuntamente presentaron avalúos con sobreprecio y exhibieron distintos documentos que hicieron creer que éstos eran verdaderamente solventes.
Los antecedentes penales de Carlos Cabal Peniche son largos. Y es que en el año de 1994, huyó de México luego de que las autoridades giraran 10 órdenes de aprehensión en su contra, por fraude fiscal, financiero y bancario.
En 1998 fue detenido en Australia y pasó tres años en prisión en dicho país. Al llegar extraditado a México, bastaron tres juicios de amparo y fianzas millonarias para evitar que pisara la cárcel.
Luego de 16 años de litigios, en 2010 se le absolvió de 17 acusaciones penales.
Cabal Efraín Cabal Peniche nació en Mérida, Yucatán en 1956, pero creció en Tabasco, y tuvo uno de sus auges en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se estrenó como banquero durante la privatización del sector, promovida por el presidente mexicano.
Aunque inició como empresario en el negocio de las frutas, en noviembre de 1991 adquirió las acciones del BCH, por las que pagó 878 millones de pesos, que poco después se convertiría en Banco Unión. Posteriormente, en 1993, Cabal Peniche compró el 76% de las acciones de Cremi, para fusionarlo con Banco Unión y colocarse como la quinta institución financiera del país.
Después de crear el Grupo Cremi-Unión, el empresario volvió a sus orígenes y compró Del Monte Fresh, la mayor comercializadora de frutas, por 560 millones de dólares. En poco tiempo, sus empresas se extendieron a países como Chile, Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza y hasta China.
Sin embargo, para 1993 se empezaron a investigar operaciones bancarias sospechosas, que develaron que Cabal Peniche usaba el dinero de los ahorradores para autoaprobarse créditos millonarios sin ninguna garantía de pago.
Según la Comisión Nacional Bancaria y Valores, el fraude ascendía a los 14 mil 720 millones 800 mil pesos, que fueron otorgados en créditos a 59 prestatarios, que resultaron ser intermediarios o compañías pertenecientes a Cabal Peniche. En 1994, sus bancos fueron intervenidos, por violar la Ley de Instituciones de Crédito, lo que implicaba una pena de 3 a 12 años de prisión.
Banca Cremi fue una de las instituciones rescatadas por el Fobaproa. Las revisiones de las operaciones financieras revelaron que Banco Unión y Banca Cremi, se habían otorgado préstamos para la compra de sus mismas acciones, además de que habían alterado los registros fiscales.
Entre 1994 y 1996, Unión y Cremi recibieron apoyos del Fobaproa por 19 mil 779 millones y 8 mil 6 millones de pesos, respectivamente, un costo para los contribuyentes de cerca de 28 mil millones de pesos.
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