Estafa Maestra: procesaron a ex funcionario de Sedesol por desvíos de 77 millones

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo y obtuvo vinculación a proceso en contra de José Antolino Orozco Martínez, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien supuestamente estuvo implicado en el desvío de más de 77 millones de pesos a través del esquema de la Estafa Maestra.

Orozco Martínez es identificado como uno de los ex servidores públicos que habría informado por escrito y de manera verbal sobre las irregularidades en contrataciones a la entonces titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga.

Según las investigaciones, José Antolino Orozco Martínez suscribió contratos de servicios de forma ilegal con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en septiembre de 2014, cuando era director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol.

Pero sus acciones causaron un daño a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 77 millones 847 mil 014 pesos con 40 centavos. Pues la federación no obtuvo las mejores condiciones del servicio y se violaron principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.

La universidad morelense subcontrató el 93.98% de todo cuanto se comprometió según el pago recibido y no cumplió con el convenio. De acuerdo con las indagatorias, el trabajo sería conocer la opinión de los beneficiarios de la Sedesol en relación con el trato recibido por personal encargado de la aplicación y distribución de diversos programas sociales.

Orozco Martínez fue arrestado en Pachuca, Hidalgo, el 25 de septiembre pasado, tras una orden cumplimentada por la Policía Federal Ministerial, pero su audiencia inicial se prolongó porque la defensa solicitó el diferimiento para presentar un dictamen pericial.

Al reanudarse el proceso, el juez determinó vincular a proceso al imputado y mantenerlo en prisión preventiva justificada en tanto se cumpla el plazo de 60 días naturales para el cierre de las investigaciones complementarias.

Los delitos que enfrenta no son considerados de prisión automática, pero se teme un riesgo de que pueda evadir la justicia como lo había hecho desde los últimos 11 meses en que fue citado a una audiencia de imputación y no se presentó. Además, fue acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En febrero de 2019 se reportó que la firma del ex funcionario fue falsificada para autorizar dos convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas, cuyo monto ascendió a 206 millones de pesos, pues Orozco Martínez también fue titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Sin embargo, tres meses después de este informe, la FGR desistió de la imputación en contra de este personaje para fortalecer las investigaciones, aunque eso no significaba una exoneración.

Ya en agosto de 2019 el testimonio del implicado fue utilizado, junto con los de Marcos Salvador Ibarra Infante y María del Carmen Gutiérrez Medina, quienes llegaron a un acuerdo para cooperar con la dependencia ministerial y, así sostener que Rosario Robles sí estuvo enterada de la triangulación de recursos públicos en Sedatu y Sedesol.

Pero esas aportaciones fueron menos privilegiadas que las de Emilio Zebadúa, también ex colaborador de Robles Berlanga, quien comenzó un proceso de negociación con la FGR desde el año pasado.

La Estafa maestra fue un mecanismo para otorgar contratos a universidades y empresas fantasmas, las cuales se encargarían de ejecutar obras y servicios referentes a programas sociales, pero en realidad, el dinero habría sido triangulado para financiar campañas electorales. La Investigación fue publicada por el portal Animal Político en 2017.

De acuerdo con los datos del reportaje, José Antolino Orozco Martínez firmó dos contratos en su puesto de la Sedesol (2013-2015) y seis más en la Sedatu (2015-2018).

Además de las contrataciones señaladas con universidades de Chiapas y Morelos, también habría suscrito un convenio con la Universidad del Estado de México para información socioeconómica y complementaria, entre abril de 2013 y 2016, cuyo monto fue establecido en 338 millones de pesos.

Rosario Robles, la ex funcionaria de más alto nivel en el caso, sigue presa desde hace más dos años por sus presuntas omisiones en los desvíos. Había ofrecido colaborar luego de múltiples presiones, pero retiró la oferta porque el acuerdo incluía que reparara el daño al erario público calculado en poco más de 5 mil millones de pesos.

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