Quién es “El Dictador”, el segundo en red de cocaína de Ryan Wedding que sobornó a juez mexicano con 2 mdd para salir de prisión

Andrew Clark, conocido en el mundo criminal como “El Dictador”, se ha convertido en la pieza central de uno de los casos de corrupción judicial más graves documentados en México en años recientes: el ciudadano canadiense de 36 años, segundo al mando de la organización de narcotráfico liderada por el exatleta olímpico Ryan Wedding, sobornó con dos millones de dólares a un juez de la Ciudad de México para obtener su liberación mientras enfrentaba un proceso de extradición a Estados Unidos.

Ese soborno, pagado el 24 de febrero de 2025, hundió al juez Luis Benítez Alcántara, quien fue arrestado el domingo pasado en Colombia y hoy enfrenta nueve cargos federales en Estados Unidos. La extradición de Benítez ya fue solicitada por el gobierno estadounidense.

Desde octubre de 2024, cuando Clark fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina en un centro comercial de Zapopan, Jalisco, comenzó a mover dinero de forma sistemática para comprar su salida: entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares a través de intermediarios y en pequeños montos, con el objetivo de asegurar su liberación del sistema judicial mexicano, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Así operaba El Dictador

Andrew Clark residía en México al igual que Wedding. Según la acusación formal del Distrito Central de California, “dirigía de cerca varias de las operaciones de la red, en particular el tráfico de drogas en Canadá y la ejecución de asesinatos”.

La policía documentó 17 apodos usados por Clark. Los más reveladores de su personalidad criminal: “El Dictador”, “El niño problemático” y “El chiquito loco”. Lo que los investigadores encontraron, sin embargo, es que su rol dentro de la organización iba más allá de ser el lugarteniente de Wedding.

Clark operaba como un broker, un intermediario capaz de hacer negocios entre organizaciones mexicanas aún siendo éstos rivales. El canadiense funcionaba como enlace logístico entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos estructuras que se disputan territorio con violencia extrema pero que en el tráfico internacional compartían figuras como Clark para mover cocaína sin fricciones.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, lo confirmó el 29 de octubre de 2024, cuando presentó públicamente la detención: Clark era el “enlace logístico” entre el CJNG y una organización identificada como CDP, además de estar vinculado al trasiego de fentanilo, metanfetaminas y tráfico de armas entre México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Colombia.

Antes de que se conociera su vida criminal, Clark se presentaba públicamente como un hombre común. En abril de 2020, la revista canadiense Toronto Life lo entrevistó como mecánico de elevadores y propietario de siete propiedades en Toronto que rentaba a seis inquilinos. “Quiero que mis inquilinos sepan que me preocupo por ellos y no se trata de solo pagarme. Somos afortunados, tengo un buen trabajo y vivo de manera frugal”, respondió por correo electrónico a la periodista Andrea Yu.

Una red de cocaína valuada en miles de millones de dólares anuales

La organización que Clark administraba junto a Wedding no era una operación menor. Las autoridades estadounidenses calculan que generaba más de mil millones de dólares anuales en ganancias ilícitas, según declaraciones de la entonces fiscal general Pam Bondi.

La logística comenzaba en Colombia, donde la organización adquiría grandes cargamentos de cocaína. La droga era transportada hacia México, donde el Cártel de Sinaloa brindaba protección y almacenamiento temporal. Desde México, la cocaína cruzaba la frontera hacia el sur de California —principalmente hacia Los Ángeles— mediante tractocamiones, con compartimentos secretos construidos para el traslado. Los condados de Los Ángeles, San Bernardino y Riverside funcionaban como el centro de distribución antes de que la droga llegara a Canadá.

La red de transporte en Canadá era dirigida por Hardeep Rate y Gurpreet Singh, quienes cobraban entre 175,000 y 225,000 dólares por cargamentos de hasta 350 kilogramos de cocaína ya colocados en territorio canadiense, según documentos judiciales.

Entre enero y agosto de 2024, Wedding y Clark presuntamente conspiró para exportar más de 1,800 kilogramos de cocaína desde el sur de California hacia Canadá, operación valuada entre 23.4 y 25.2 millones de dólares en el mercado de Los Ángeles, según la acusación formal.

La organización también utilizaba criptomonedas, transferencias internacionales y empresas fachada en México, Canadá, Europa y el Reino Unido para lavar el dinero.

Vinculado a cuatro asesinatos

La violencia era una herramienta de gestión para Clark. La acusación de EEUU documenta al menos cuatro homicidios en Canadá vinculados directamente a él.

El 20 de noviembre de 2023, dos miembros de una familia en Ontario —Jagtar y Harbhajan Sidhu— fueron asesinados como represalia por el robo de un cargamento de cocaína al sur de California. Las víctimas no tenían ningún vínculo con el crimen organizado: eran los padres de un asociado a quien Clark y Wedding culparon del robo. Un tercer integrante de la familia sobrevivió con heridas graves.

El 1 de abril de 2024, Clark fue señalado como autor intelectual de otro homicidio en Ontario: el de Randy Fader, por el que pagó 100,000 dólares canadienses a Malik Damion Cunningham. El presunto asesino fue arrestado dos semanas después del crimen por la policía en Ontario. Clark, según comunicaciones electrónicas interceptadas por las autoridades, habría gestionado que Cunningham recibiera “entrenamiento militar” en México en marzo de 2024, antes del crimen.

El 18 de mayo de ese mismo año fue asesinado Mohammed Zafar por una deuda de droga. También en 2024, en California, la madre de un comprador fue amenazada de muerte si un pago no se realizaba de inmediato.

La huella de violencia de la organización se extendió hasta Colombia: el 31 de enero de 2025, el colombiano-canadiense Jonathan Christopher Acevedo García, de 42 años, fue asesinado mientras comía en un restaurante del Mall del Indio, en Medellín. Según la periodista Calvi Leon del Toronto Star, Acevedo García había operado como informante de la policía en la construcción del caso contra Wedding y Clark.

El soborno que hundió a un juez mexicano y la caída de El Dictador

Cuando Clark fue detenido en octubre de 2024 en la Plaza Andares de Zapopan, enfrentaba cargos en el Distrito Central de California y un proceso de extradición formal que Estados Unidos solicitó en noviembre de ese año.

Lo que siguió fue una operación financiera meticulosamente diseñada para comprar su libertad. Desde noviembre de 2024 y durante los meses siguientes, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares a través de intermediarios y en pequeños incrementos para evadir la detección, con el objetivo de asegurar su liberación, según el Departamento de Justicia.

Dentro de ese monto, negoció directamente con Luis Benítez Alcántara, entonces juez de distrito en la Ciudad de México.

El 24 de febrero de 2025, el mismo día en que Benítez recibió el pago completo del soborno, emitió una resolución concediendo fianza a Clark y ordenando su liberación, según el comunicado del Departamento de Justicia.

El plan no funcionó. Días después de su liberación, Clark fue vuelto a arrestar. Para el 27 de febrero de 2025, fue trasladado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes —entre ellos Rafael Caro Quintero y Antonio Oseguera Cervantes— en el primer traslado masivo de capos que México entregó a Washington en medio de la presión arancelaria de la administración Trump. Compareció el 3 de marzo ante el Tribunal de Distrito en Phoenix bajo una acusación de 16 cargos. De ser declarado culpable, enfrentaría una pena mínima obligatoria de cadena perpetua.

Benítez Alcántara, mientras tanto, fue arrestado el domingo pasado en Colombia, pero fue hasta este miércoles 5 de noviembre que el caso se hizo público por parte de las autoridades estadounidenses. Enfrenta nueve cargos de complicidad después del hecho por haber ayudado a Clark a evadir su aprehensión, juicio o castigo. La acusación formal en su contra fue devuelta por un gran jurado el 4 de septiembre de 2025. Cada cargo tiene una pena máxima de 15 años de prisión federal. Estados Unidos pidió formalmente su extradición desde Bogotá.

El primer asistente del fiscal federal Bill Essayli subrayó el alcance del caso: “Este caso subraya el compromiso de nuestra oficina de desmantelar organizaciones criminales en todos los niveles, incluyendo responsabilizar a quienes abusan de posiciones de confianza pública”.

El director del FBI, Kash Patel, describió el caso como parte del trabajo de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional: “Benítez Alcántara era un juez de distrito en la Ciudad de México que presuntamente aceptó dos millones de dólares a cambio de conceder fianza y ordenar la liberación del segundo al mando de Wedding, mientras Wedding orquestaba una organización criminal transnacional de mil millones de dólares”.

La investigación fue conducida por el FBI con la colaboración del Departamento de Policía de Los Ángeles, la Real Policía Montada de Canadá, la Policía Nacional de Colombia y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de ese país.