Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), ofreció disculpas públicas, a nombre del Estado mexicano, a Arturo Medina Vela, joven con discapacidad cuyos derechos fueron violados tras ser encarcelado injustamente en 2011.
Durante el acto de Reconocimiento de Responsabilidad de Estado, y en presencia del Arturo y de sus familiares, el funcionario se lamentó de los agravios cometidos que le restringieron el acceso a la justicia.
Y es que el 14 de septiembre del 2011, Medina fue aprehendido por la policía de la CDMX acusado de haber cometido robo a un vehículo. Al ser remitido al Ministerio Público, su madre acreditó con documentos oficiales la discapacidad mental permanente que padecía su hijo.
Pero una autoridad psiquiátrica determinó que el adolescente padecía de un trastorno social de personalidad y posible retraso mental, por lo que no se le consideró apto para declarar y se ordenó su traslado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial.
De esa manera, el 5 de diciembre del 2011, el joven fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de robo; esto sin que Arturo tuviera oportunidad de comparecer en alguna audiencia. Por esa razón, Encinas, en la tarde del lunes, también ofreció perdón por el trato degradante recibido en su momento de la autoridad capitalina.
Asimismo, el subsecretario destacó la relevancia del encuentro, pues representa el primer dictamen que México emitió por parte de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de las personas con discapacidad.
“Es un llamado urgente de las Naciones Unidas para que México atienda a cientos de miles de personas con discapacidad que no tienen plena garantía de acceder a la justicia (...) Estamos obligados a que actúen”, aseveró.
Entre las regulaciones que estarán sujetas a reformarse, mencionó Encinas, se encuentran:
- Codigo Penal de Procedimientos Penales respecto a la figura de ninputabilidad y las medidas de seguridad o tratamiento para personas ininputables.
- Código Civil de Procedimientos Civiles respecto a las restricciones al ejercicio de capacibiliad jurídica de las personas con discapacidad
- Ley General de Salud en lo relativo a los internamientos involuntarios y las restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas usuarias de los servicios de salud mental
Por su parte, Ernestina Godoy, Fiscal General de la Ciudad de México (CDMX), aceptó que el caso de Arturo dejó en evidencia los mecanismos obseltos y prejuiciosos de aplicar la ley mexicana.
Además, aseguró que se revelaron prácticas violatorias a la presunción de inocencia, debido proceso y falta de enfoque diferenciado y de derechos humanos en agravio de las personas con discapacidad psicosocial.
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