EE.UU aprobó el calendario para primera etapa de la demanda de México contra fabricantes de armas

La Corte Federal de Massachusetts aprobó el calendario propuesto para el desarrollo de la primera etapa de la demanda que el Gobierno de México interpuso contra fabricantes de armas de Estados Unidos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con el comunicado oficial, la corté definió el próximo 22 de noviembre como fecha límite para que las empresas imputadas presenten una respuesta a la denuncia de México y, si es el caso, oponer las defensas legales que crean correspondientes.

Una vez cumplido con el plazo, el Gobierno mexicano tendrá hasta el 31 de enero del 2022 para presentar su réplica; posterior a ello, las compañías podrán interponer una contrarréplica antes de 28 de febrero del 2022.

De esa manera, confirmó la dependencia, la primera etapa del litigio se concretará durante el primer trimestre del 2022.

“La SRE, por conducto de la Consultoría Jurídica, seguirá coordinando a las dependencias y entidades federales mexicanas competentes para dar seguimiento a este importante litigio y actuar oportuna y contundentemente en defensa de los intereses del Estado mexicano”, concluye el documento.

Cabe recordar que el 20 de agosto, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, anunció, mediante su cuenta de Twitter, que la demanda había sido aceptada por una corte federal de EE.UU.

En la inédita demanda civil interpuesta ante una corte federal en Massachusetts, con la que México busca una reparación económica de hasta 10 mil millones de dólares (USD), son señaladas las empresas Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Company, entre otras.

Fue el pasado 4 de agosto cuando un equipo de funcionarios mexicanos, encabezado por el canciller Marcelo Ebrard, presentó una demanda del tipo civil en contra de las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos por lo que señalan como comercio negligente e ilícito; aclararon que la denuncia no era en contra del gobierno del país vecino, por lo cual se descartó que la acción fuera un litigio diplomático.

Ebrard detalló que el objetivo es que las empresas apuntadas compensaran al gobierno de México por el daño causado por sus prácticas negligentes y se establecieran estándares para monitorear y en su caso disciplinar a sus clientes “porque las empresas lo saben”.

Y es que Ebrard aseguró que esas compañías incluso fabrican modelos de armas específicamente para el narcotráfico, que tienen distintas características, “son más valiosas”, por lo cual, insistió, se deben incorporar mecanismos de seguridad en las armas, para poder rastrearlas.

Se trata de la primera demanda de este tipo que un gobierno extranjero presenta en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas insistieron en que la demanda busca a toda costa la regularización de las compañías de armas por parte de la justicia de su vecino del norte.

Y es que según un recuento de la cancillería mexicana, cada año más de 500 mil armas cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México. Tan solo en 2019, esa actividad habría permitido al menos 17 mil homicidios dolosos, el gran mal que desde hace años adolece a los mexicanos.

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