Ley de la Armada: en qué consiste y qué sanciones contempla para quien tenga vínculos con el narco

Durante la primera sesión del periodo ordinario de la LXV Legislatura, este 2 de septiembre el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley Orgánica de la Armada de México, la cual actualizará (después de su entrada en vigor) los reglamentos en materia de puertos, seguridad y protección marítima.

Conviene recordar que dicha ley fue iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la misma fue remitida a la Comisión Permanente para su aprobación el pasado 14 de julio y abroga la Ley Orgánica de la Armada de 2002.

Dicho ordenamiento jurídico amplía las facultades en las zonas marinas, costeras y recintos portuarios, además de la adición de un artículo que establece que los miembros a los cuales se les comprueben vínculos con grupos del narcotráfico serán sancionados.

Con 84 votos a favor, 11 en contra y ocho abstenciones, la ley mantiene sus atribuciones en el combate contra el terrorismo, contrabando, piratería, robo de embarcaciones, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos.

En caso de que a algún miembro de las fuerzas armadas tenga vínculos o estén ligados con grupos delictivos, serán acusados del delito de traición a la Patria y dados de baja permanentemente, después de que hayan atravesado su proceso judicial en tribunales militares o civiles.

Este aditamento a la norma fue petición de la Secretaría de Marina (Semar) a las comisiones dictaminadoras, con el fin de que los casos de colusión con el crimen organizado no queden impunes en el país, a la par de dotar de mayores capacidades operativas a los elementos para el cumplimiento de las diferentes misiones.

Mientras que con 61 votos a favor, 32 en contra y nueve abstenciones se aprobaron los artículos reservados que establecen mayores sanciones a oficiales de la Semar, con lo cual se buscará garantizar que la Armada de México se desarrolle con pleno respeto a los derechos humanos y conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con base en el Código de Honor Militar, los artículos 203, 204 y 205 establecen las características, penas y desarrollo del proceso que tendrán que atravesar aquellos que sean juzgados por traición a la patria. Se dispone entre cinco y nueve años de prisión para aquellos que haya sido cómplices o hayan trabajado conjuntamente con grupos de narcotráfico, en prisiones militares.

Mientras que en el Código Penal Federal, en los artículos 123, 124, 125 y 126, se atribuye una pena de dos a doce años de prisión y una multa económica de 1,000 a 20,000 pesos.

Aunado a lo anterior, la nueva ley también otorgará mayores facultades a la Armada de México para la protección de la soberanía del territorio nacional, el mantenimiento del Estado de Derecho en las zonas marinas y coadyuvar en la seguridad interior del país.

Tal punto fue uno de los que más causó controversia durante la discusión, previa a la votación. Por un lado el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eruviel Ávila, y la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ana Lilia Rivera, coincidieron en que la reforma tiene como meta armonizar los estatutos de la Armada de México, las reformas de 2020 y la Ley de la Administración Pública Federal.

“Coincidimos con el ejecutivo federal, en el sentido de que la iniciativa contribuye a mejorar el ejercicio de las atribuciones y operaciones encomendadas a la Armada de México, toda vez que se reforman aspectos importantes como la misión, atribución, niveles de mando y situación del personas naval, generando certeza jurídica”, señaló la morenista.

Asimismo, aseguraron que se robustecerá a los organismos militares, ya que se autorizan las acciones de vigilancia, verificación, vista e inspección, a la par de privilegiar el compromiso de integrar a los marinos mercantes.

Mientras que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) y el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, señalaron que la aprobación del dictamen sumaría más puntos a la “militarización del país”, por lo cual votaron en contra.

“(Movimiento Ciudadano) congruente con su posición de decir no a la militarización del país, pero sí respecto a las Fuerzas Armadas, a nuestro Ejército nacional y a nuestra Armada, a ellos todo el apoyo y, precisamente, este posicionamiento y esta decisión de votar en contra es para que ya no se le involucre a nuestras fuerzas Armadas en estas coyunturas, que lo que menos están causando, es dejarlas bien”, sentenció el legislador Juan Zepeda.

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