Ley de Juicio Político: la primera tarea de diputados en nueva Legislatura

Con la inminente llegada de la LXV Legislatura y la instalación de una Cámara de Diputados renovada tras las elecciones del pasado 6 de junio, los quehaceres legislativos son inevitables, por lo que la Junta de Coordinación Política acordó que el primer tema que tratarán será el dictamen de reforma a la Ley Federal de Juicio Político y de Declaración de Procedencia.

Este miércoles 1 de septiembre se está dando inicio a los quehaceres legislativos al interior del Palacio de San Lázaro, donde la Cámara de Diputados tendrá que discutir y en todo caso aprobar el dictamen que quedó pendiente de la Comisión de Gobernación, el cual promueve dicha reforma.

Ignacio Mier, líder de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), explicó que se tiene que discutir ampliamente este tema, pues se propone una modificación sustancial a la aplicación de la ley; asimismo, reconoció que existe voluntad democrática por ampliar la conversación sobre el tema.

“Vamos a debatirlo y lo vamos a discutir, cada quien va a fijar en el marco de civilidad que nos hemos comprometido, de dignificar el trabajo de los legisladores. Debatir, discutir. Cada quien establecerá su posición clara con relación a este asunto. El nuestro lo hemos señalado, hay una voluntad, un compromiso con el pueblo de que los funcionarios públicos y el Presidente de la República se despoje, se despojen del fuero constitucional y que sea el pueblo el que decida”, expresó Mier Velazco.

De entre las reformas que se plantean a la ley se propone la modificación al Artículo 3, el cual estipula las autoridades competentes para aplicar este proceso. En el texto original se enumeran nueve entidades que pueden aplicarlo:

I.- Las cámaras de senadores y diputados al congreso de la unión;

I bis.- La asamblea legislativa del distrito federal;

II.- La secretaria de contraloría y desarrollo administrativo;

III.- Las dependencias del ejecutivo federal;

IV.- El órgano ejecutivo local del gobierno del distrito federal;

V.- (se deroga [en reforma anterior]);

VI.- El consejo de la judicatura del distrito federal;

VII.- El tribunal fiscal de la federación;

VIII.-Los tribunales de trabajo, en los términos de la legislación respectiva;

IX.- Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes.

Pero en el texto dictamen propuesto reduce éstas a sólo el poder legislativo federal: “Serán autoridades competentes para aplicar la presente Ley las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión”. Asimismo, se pretende modificar los artículos 5 y 7 adscritos al capítulo I: “Sujetos, Causales De Juicio Político Y Sanciones”.

De tal modo que se espera un intercambio de ideas amplio sobre el proceso que regulará el Título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual promueve las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado.

Dicho título comprende de los artículos 108 al 114 de la CPEUM. Además, se cuenta con la Ley Federal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos, para abundar en el ejercicio de este proceso. Cabe destacar que lo que se pretende hacer en la Cámara de Diputados es sustituir la ley vigente por la Ley Federal de Juicio Político y de Declaración de Procedencia.

De acuerdo con este proyecto, se definirán los sujetos de responsabilidad política en el servicio público; las causales y sanciones en el juicio político; las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones; y las autoridades competentes y el procedimiento para declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores públicos, así como para resolver la responsabilidad penal del Presidente de la República.

Cabe destacar que aún quedan pendientes legislativos de importancia mayúscula como la Ley Reglamentaria de la Revocación de Mandato, la cual acortará el proceso al que se someterá AMLO en marzo del 2022; la reforma a la Ley de la Armada de México, la cual busca profundizar en la estructura del aparato coercitivo del Estado para mejorar su funcionamiento y proteger a sus integrantes; y la prohibición a las pruebas en animales de productos cosméticos.

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