Diversas ONGs han denunciado que dentro del sistema anticorrupción que funciona en México, desde el nacional hasta los locales, se desenvuelven con opacidad, sin rendir cuentas de sus actos, lo que para nada contribuye con el escenario ideal de un sistema transparente.
Ejemplo de esos señalamientos es la denuncia de la organización Mexiro AC. El grupo llevó a cabo una evaluación que arrojó que las áreas que carecen de mayor transparencia son las comisiones de selección, en las que participan ciudadanos sin ser remunerados, los comités de participación ciudadana y su brazo técnico, el departamento de secretaría Ejecutiva.
La organización advirtió que debido a la discrecionalidad con la que esas áreas trabajan resulta casi imposible recibir información sobre sus actividades y las decisiones que toman.
Fernanda Galicia, directora general de Mexiro AC, detalló al medio mexicano Milenio que la Ley General de Transparencia obliga a rendir cuentas a todo sujeto, ya sea ente o institución, que recibe recursos públicos o que ejerce actos de autoridad. Sin embargo, indicó, no obstante el carácter de autoridad que esas instancias desempeñan, en la mayoría de los centros no son considerados sujetos obligados.
“El problema de que no estén como sujetos obligados de manera directa hace que no podamos tener información de lo que hacen de manera oportuna”, declaró la entrevistada a dicho medio.
Asimismo destacó que en el ranking de los estados con mayor transparencia, es Jalisco el que tiene el primer lugar, pues solo ahí se considera a la Comisión de Selección como un sujeto obligado de transparencia.
La organización advierte que en el resto de México, ninguna Comisión de Selección, ni siquiera la nacional, está obligada a rendir cuentas o transparentar los trabajos que realiza. “Esto transgrede nuestro derecho humano de acceso a la información para revisar cómo están haciendo las designaciones de los CPC, sobre los cuales tenemos que tener los ojos bien puestos, porque si las Comisiones de Selección están cooptadas por intereses, partidos políticos o cámaras empresariales, entonces tenemos CPC (comités de participación ciudadana) que también están cooptados y, por lo tanto, no hay vinculación de la sociedad civil en ese espacio que debería ser de la sociedad civil”, dijo la especialista.
Entonces explicó que al momento de diseñar los sistemas anticorrupción, es el CPC el encargado de garantizar que las otras instituciones que conforman al sistema, como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Anticorrupción, llevan a cabo su labor con una buena coordinación y dando cumplimiento a las políticas anticorrupción.
De igual manera, indican que solo a nivel nacional, en Jalisco y en Sinaloa los CPC están obligados a la rendición de cuentas por lo que se les pueden solicitar datos públicos directamente mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Pero el resto de esos departamentos en el país no tienen esa oblogación de transparencia, algo que consideran desde la organización como un punto grave.
Galicia advirtió a Milenio que precisamente esa opacidad en áreas clave de los sistemas anticorrupción es consecuencia de que el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) no ha hecho cumplir la ley en la materia, dejando a los institutos de transparencia locales la capacidad de interpretación libre.
“Frente a esto que estamos viendo, el SNT, específicamente su Consejo Nacional, que es la máxima autoridad del sistema y hace recomendaciones a los órganos garantes locales, se ha pronunciado por que cada instituto local de transparencia determine los casos de cuáles instancias van a ser sujetos obligados y cuáles no y esto es grave”, dijo Fernand Galicia.
“Lo que nos llama mucho la atención es que si la Ley General de Transparencia, de manera muy clara, habla sobre quiénes son los sujetos obligados, ¿por qué el Consejo Nacional permite que cada órgano local diga quién es sujeto obligado o no? Me parece erróneo, porque no están poniendo por delante el derecho humano al acceso a la información pública”, agregó.
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