Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), pidió por cuarta vez a los jueces federales una prórroga para el cierre de la investigación complementaria. Esto para poder intentar obtener más pruebas en su defensa de los casos de Odebrecht y de la planta de Agro Nitrogenados.
Pero de acuerdo con el portal de Milenio, por el momento se encuentran suspendidos los procesos penales por un plazo de 30 días. Esto significa que para que el ex funcionario y las partes puedan formalizar un criterio de oportunidad por el caso de Odebrecht y un acuerdo reparatorio en el caso de Agro Nitrogenados, se deberá esperar a que concluya ese término.
Denuncias acumuladas
El pasado 3 de agosto se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia contra el ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información de El Universal, es la séptima denuncia presentada por la dependencia contra Lozoya Austin en la que se le señala de haber desviado mil 400 millones de pesos de Pemex a Odebrecht y posteriormente a empresas fachada ubicadas en diversos estados de la República Mexicana.
Reportes de fuentes federales explicaron que los desvíos detectados ocurrieron entre los años de 2012 y 2016.
En la actualidad, Lozoya Austin se encuentra siguiendo su proceso en libertad mediante el uso de un brazalete, pues se le prohibió abandonar la Ciudad de México y, por ende, el país.
El excolaborador de Peña Nieto permanece vinculado a proceso por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.
La UIF habría identificado el esquema de lavado de dinero entre 2012 y 2016, cuando el presidente en México era Enrique Peña Nieto. Bajo estas circunstancias, y por medio de las 34 empresas relacionadas con Odebrecht, se habrían otorgado contratos por millonarias cantidades de dinero. Estas se integraron en 3 niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.
Desde que fue extraditado el año pasado, Emilio Lozoya no ha pisado ningún juzgado, mucho menos la cárcel. Su proceso legal ha sido muy cómodo: en libertad, sin audiencia inicial y sin delatar a nadie. En cuanto pisó tierra mexicana, el ex director de Pemex se declaró inocente y aseguró que fue “aparato de poder” y expresó su “compromiso de colaborar con las autoridades”.
Algunos testigos aseguran que ha estado colaborando continuamente con la FGR al dar nombres de altos funcionarios implicados en presuntos casos de corrupción. Entre ellos se encuentra Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, este último fue señalado por “ordenarle” usar el dinero de Odebrecht para la campaña de 2012 y para sobornar a legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la reforma energética de 2013.
Sin embargo, Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera secretario particular de Lozoya, y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex, ambos considerados como testigos estrella de Lozoya al ser señalados por él como los encargados de recibir y repartir el dinero de los sobornos, contradijeron la versión dada por el ex funcionario de la petrolera.
La primera, y hasta ahora, única detención relacionada con el caso de los “moches” es la del ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury. El legislador fue arrestado el pasado 9 de abril, luego de acudir al Reclusorio Norte a desahogar un elemento de prueba durante la audiencia inicial en la que se le imputaron tres cargos relacionados con el cobro de sobornos para que se aprobaran la reforma energética del expresidente Peña.
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