La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra dos personas por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionados con la llamada “Estafa Maestra”, un esquema de desfalco de recursos públicos realizados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Este recurso legal fue conseguido por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente, a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).
Los imputados son Juan Manuel López Arroyo, ex titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la Sedesol, y Carlos Óscar Espinosa Castañeda, ex rector de la Universidad Politécnica de Texcoco.
El ex funcionario, quien ya había sido vinculado por el delito mencionado en perjuicio de una institución educativa de Nezahualcóyotl, ahora fue vinculado por la presunta contratación indebida de servicios con recursos públicos, a esta Universidad de Texcoco, en el Estado de México.
Por su parte, el académico fue vinculado a proceso por realizar este desfalco junto con López Arroyo, de cerca de 150 millones de pesos, con quien realizó una contratación indebida de servicios para la escuela en la que estaba al mando.
A ambos se les impusieron como medidas cautelares la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual. Finalmente fijó un plazo de cuatro meses para realizar y entregar la investigación complementaria sobre sus casos.
La primera vinculación contra López Arroyo se dio el pasado 26 de junio, cuando se le atribuyó la probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Junto con él estuvo Noé Molina Rusiles, ex rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, quien habría realizado un contrato por más de 319 millones de pesos para la institución educativa que presidía. Sin embargo, al no cumplir con los principios convenidos, ocasionó un daño económico a la Hacienda Pública Federal.
Cabe destacar que este académico compitió en las pasadas elecciones para ser presidente municipal de Neza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sin embargo, fue derrotado por Adolfo Cerqueda Rebollo, de la coalición Morena, PT y Nueva Alianza.
Los últimos procedimientos legales contra algunos involucrados en la Estafa Maestra se dieron a finales de junio. El pasado 24 de ese mes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó un amparo a Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
A través de un comunicado, la UIF informó que el vigésimo Primer Tribunal Colegiado le negó el amparo al político debido a que la dependencia del demostró que lo había bloqueado en cumplimiento a tratados internacionales y como una medida de prevención al delito de ORPI.
Ese mismo día, Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal con sede en la Ciudad de México ordenó revisar la medida de prisión preventiva ejercida contra Rosario Robles, ex secretaria federal de Enrique Peña Nieto que está presa desde 2019.
De este modo, la ex titular de la Sedatu, presuntamente implicada en la Estafa Maestra, podría llevar su proceso penal en arresto domiciliario.
Sergio Arturo Ramírez, abogado de la ex funcionaria declaró en una entrevista para Grupo Fórmula que “un juez de distrito ordena que se vuelva a llevar a cabo la audiencia y que se tomen en consideración o no los elementos mediante los cuales le justificaron de primera instancia la prisión a la maestra (Robles Berlanga)”.
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