La organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) compartió la tarde de este jueves un documento que se envió a Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en septiembre de 2020 donde advirtieron el peligro de trabajar en las minas del estado de Coahuila y la negligencia de los dueños.
La publicación de dicho documento se dio a raíz del colapso de una mina en Múzquiz, Coahuila, ocurrida este jueves, percance en el que quedaron atrapados siete mineros.
Poco después del mediodía de este jueves, la Secretaría del Trabajo de la entidad recibió el reporte de un derrumbe en una mina de arrastre en el municipio de Múzquiz; la institución detalló que algunas personas que se encontraban en el lugar quedaron atrapados dentro de la mina.
Autoridades de Protección Civil del estado de Coahuila y la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México (CNPC) confirmaron el colapso de la mina y reportaron que siete mineros no lograron salir.
Por lo anterior, la organización Familia Pasta de Conchos publicó una carta de denuncia enviada el 26 de septiembre del 2020 al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, para advertir de los riesgos que corren los trabajadores y las negligencias de los dueños, sin embargo, la organización indicó que Manuel Bartlett “nunca nos respondió”.
“El pasado 26 de septiembre, entregamos a @ManuelBartlett la denuncia sobre estas minas y le pedimos que nos recibiera porque podía evitar la desgracia que estamos viviendo. Nunca nos respondió”, escribió la organización en su cuenta de Twitter.
Junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la OFPC señaló que el litigio de Pasta de Conchos, mina que colapsó en 2006 con un total de 63 mineros que perdieron la vida, se llevó ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), caso internacional que incluye a más de mil familiares y del que “el Gobierno federal tiene la obligación de reparar el daño”.
La organización declaró en el documento que “hay otro tema urgente, el cual constituye una obligación del gobierno para con los mineros: la no repetición de siniestros y fallecimientos evitables en la minas de carbón”.
Durante más de una década, la OFPC ha documentado los eventos mortales de las minas de carbón, “más de 100 muertes posteriores a Pasta de Conchos”, así como monitoreado a cada empresa extractiva y centro de trabajo.
Señaló que desde 2014 ha trabajado con la Secretaría del Trabajo en la inspección de minas para evitar actos de corrupción y “muertes”, sin embargo, expresó que “la regla sigue siendo que las empresas operen en condiciones deplorables”.
Junto a la carta, la organización envió fotos tomadas en unas cuevas de arrastre, correspondientes a dos empresas que firmaron contrato con la CFE y que extraen carbón sin cumplir las condiciones de seguridad e higiene.
“No había agua potable para los trabajadores, estaban en tenis y sin equipo de seguridad; no había consola para medir el gas ni botiquín, extinguidores, ventilación, auto rescatadores y los trabajadores no sabían si estaban registrados en el IMSS”, denunció la organización civil.
La OFPC alertó que la situación se repite en toda la región, porque se ha permitido durante décadas que “los empresarios operen sin cumplir las leyes, incluso sin tener minas o coyoteando carbón de minas clandestinas”.
Luego del accidente en la mina ubicada en la comunidad de Las Rancherías, en el municipio de Múzquiz, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Coordinación Nacional de Protección Civil se encuentran atendiendo a las familias de los siete trabajadores que quedaron atrapados por el derrame de una represa de agua.
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